Ambos fueron detenidos en el marco de la Operación Andina, desplegada en Asunción y el Departamento Central por la desaparición de 2.596 armas, que presuntamente fueron traficadas al Brasil. Ambos serán juzgados por violación del Art. 98, de la Ley 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en concordancia con el Art. 29, Inc. 1°, del Código Penal, cuyas expectativas de pena van de 6 meses a 10 años de penitenciaria; mientras, cumplirán presión preventiva en el Buen Pastor y el Penal de Tacumbú, respectivamente.
Isabelino Jiménez (63) solicitó, a través de representación de su abogado, la prisión domiciliaria por su condición de persona de la tercera edad y por padecer de tuberculosis. Sin embargo, la jueza Lici Sánchez determinó con su análisis que se encontraron suficientes indicios que lo sindican como supuesto autor del hecho punible, y que no estarían las garantías por posible peligro de fuga. Así, determinó su prisión preventiva en Tacumbú.
Isabelino Jiménez, quien sería un pintor con trabajos eventuales de lavado de autos y de cuidacoches en el centro de Asunción, se encuentra recluido en la Agrupación Especializada, y está imputado como propietario de la casa de Caza y Pesca Santa Rosa de Lima. El comercio compró 1.847 armas que desaparecieron del Sistema Integrado de la Dimabel (SID). De este lote se encontraron unas 12 armas, en incautaciones hechas en Brasil por la Policía Federal.
“Me alquilaron, me dijeron para abrir una casa, que iban a vender legalmente en la casa. Me daban 500 mil semanal”, relató Isabelino en entrevista con Telefuturo y Última Hora, desde su reclusión.
Según detalló el hombre, realizó los trámites de apertura de la casa comercial ante la Dimabel y su relación como empleado de la casa se extendió por un año. Su trabajo se limitaba a abrir la oficina y firmar documentos, en tanto refirió que nunca vio un arma o transportó alguna. También negó realizar trámites ante importadoras para la compra de las armas. Santa Rosa de Lima compró en 6 meses armas por G. 9.506 millones.
“Nunca toqué un arma, solo firmar era”, remarcó Jiménez. Sobre si realizó compras de las casas importadoras, Isabelino dijo no haber pisado Carros Vía Chile o alguna otra importadora. “Yo firmo nomás y ahí se van todos, yo nunca retiré un arma. Nunca toqué, nunca vi”, aseguró.
Jiménez –según relató– fue contactado por un conocido del barrio Ricardo Brugada, donde reside. “El tipo es mi conocido; vivíamos en el barrio, yo le pintaba su casa, y ahí conversamos y me dijo. A mí me dijo que era legal, yo firmaba porque era legal, que se compraba legalmente la mercadería”.
Finalmente, compartió que estaba en una muy mala situación de salud, padece tuberculosis y, además, teme por su futuro en esta causa. “Estoy preocupado, tengo 1.800 armas sobre mi cabeza y yo no sé nada y no tengo un peso para defenderme”, refirió.
Suficientes indicios. El fiscal Alejandro Colmán refirió que existen suficientes indicios contra el cuidacoches que figura como dueño de Santa Rosa de Lima y la propietaria de la importadora Carros Vía Chile, Estela Colmán Otazú.
“Tenemos la hipótesis inicial de que él sabía lo que estaba haciendo; existen documentos que tendrían su firma. Se presentó en persona ante la Dimabel a realizar las gestiones administrativas para la habilitación de la casa comercial; es decir, desplegó una conducta con conocimiento, eso es lo que presumimos”, señaló Colmán sobre la conducta de Isabelino Jiménez.
En el caso de Estela Colman Otazú, el fiscal declaró que esta casa habría realizado una venta simulada de unas 198 armas a la casa 19 de Marzo, cuando este local ya estaba inhabilitado por la Dimabel y, además, estaba siendo investigada por la desaparición de otras 551 armas.
El fiscal también agregó que, en el caso de Isabelino, se debería cuestionar por qué no suenan las alarmas cuando se realizan este tipo de operaciones lejanas al perfil transaccional de las personas involucradas.
“Debemos preguntarnos por qué las alarmas suenan tarde, por qué no pudimos alertar este movimiento de dinero antes y recién ahora. El periodo comprendido que tenemos nosotros es de 2021 a 2023; en ese periodo de tiempo se habrían realizado esas compras de armas, según las documentaciones de los registros de la Dimabel”, acotó el fiscal Alejandro Colmán.
