Las negociaciones están suspendidas desde el 1 de abril. Entre tanto, se siguen postergando los eventuales beneficios para el país, puesto que aún no se tiene definido cuáles serían los valores razonables de remuneración al Estado (royalties y compensaciones, si fuese el caso), a las empresas ANDE y ENBar (utilidades y resarcimientos), cómo y cuánto de la energía paraguaya se destinaría al ambiente de contratación libre del mercado eléctrico brasileño, la conclusión de obras complementarias (esclusa de navegación), entre otros puntos.
Lo último que fue difundido y tuvo repercusión en la opinión pública fue la promesa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a su par de nuestro país, Santiago Peña, de enviar un informe detallado respecto del hackeo perpetrado desde la nación vecina.
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Esto fue a principios de julio pasado, durante la Cumbre del Mercosur, cuando el primer mandatario paraguayo indicó que le había manifestado su preocupación a Lula por el caso de espionaje y que solicitó la voluntad plena de las autoridades brasileñas para el esclarecimiento de los hechos.
“Hablamos sobre el Corredor Bioceánico. También hablamos del proceso de revisión del Anexo C de Itaipú, reafirmando el compromiso de construir un acuerdo justo y equilibrado para ambos pueblos”, había sostenido.
El ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de ANDE, había considerado en su momento que la suspensión por decisión de nuestro Gobierno perjudica los intereses paraguayos, pues de esa manera Brasil se considera liberado del cumplimiento imperativo previsto en el Anexo C.
“Mientras dure el impasse, corren los meses y dentro de año y medio la tarifa todavía estará definida por el actual Anexo C, con el agravante que debido al compromiso del 2024 de este gobierno la tarifa caerá al valor mínimo que es lo que quería Brasil”, manifestó el profesional.
