Opinión

Cuatro bodas y un funeral

Brigitte Colmán – @lakolman

Una de las fotos distribuidas el fin de semana en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la República nos recuerda el país desigual en el que vivimos. La amigable conservadora repleta del líquido vital, incautada en una boda en Luque, como evidencia de un “flagrante delito” se convirtió en un símbolo de la desigualdad.

También nos recuerda al incidente en el Bañado Norte de Asunción, cuando un grupo de vecinos que se habían reunido para una olla popular fue dispersado en forma violenta por la Policía. El operativo fue imponente, golpes y balines de goma terminaron en las espaldas y piernas de los vecinos. Como estábamos encuarentenados, el público decidió que, aunque no tuvieran ni una galleta para comer, los vecinos no tenían por qué andar rejuntándose.

Y, como en un universo paralelo, por esos días una pareja celebró su boda sin renunciar al glamur. Desde las redes sociales y grupos de WhatsApp nos inundaron con las fotos de esa gente tan linda.

La hoy denominada boda de chetos fue de público conocimiento, y la Fiscalía tardó semanas en tomar medidas. En Ig lasamigas de la novia lucieron mascarillas con brillitos; hubo invitados, servicio de catering, maquilladora y solo algunos de los invitados tenían tapabocas.

La ciudadanía reclamó una respuesta por parte del Ministerio Público, pero el teléfono dio ocupado, al menos hasta ayer. La gente exigió que los Lince pusieran en vereda a los violadores de la cuarentena, pero como se trataba de un típico caso de “portación de apellidos” el silencio cómplice solo pudo ser roto con la presión ciudadana.

En los días de finales de abril hubo otro caso que también produjo gran enojo. No fue una olla popular ni otra boda de chetos. Fue el privilegio que le concedieron desde la Fiscalía a un empresario hermano de otro, vinculado al ex presidente Horacio Cartes, que llegó desde los EEUU. El sujeto debía guardar cuarentena obligatoria en un albergue como todo el mundo, por protocolo sanitario, sin embargo, le dejaron cumplir el aislamiento en su casa. Y mientras todas las autoridades se lavaban las manos por el caso Salum, decenas de paraguayos y paraguayas aguardaban sobre el Puente de la Amistad que les permitieran entrar al país; esperando a la intemperie, durmiendo en el suelo.

En los primeros días de mayo otra pareja no quiso suspender el gran día y decidió dar el sí en plena cuarentena sanitaria. Después del casamiento hubo festejo de bodas, como corresponde, y esta vez fue en una casa, en la ciudad de Luque.

Novios, padres, padrinos, hermanos, tíos y vecinos disfrutaban del acontecimiento hasta que les cayó una comitiva policial y fiscal, y les arruinó el festejo.

La diligencia estuvo a cargo de la agente fiscal Myriam Rodríguez, quien se “constituyó” en una vivienda ubicada en el barrio 3 de Mayo, de Luque, ante denuncia de que en el lugar se estaría celebrando una boda. En el sitio se constató que se llevaba a cabo un festejo de bodas, por lo cual la agente fiscal dispuso la detención de 14 personas, incluidos los novios.

Todos fueron imputados por violación a la cuarentena sanitaria, se solicitó al Juzgado medidas alternativas, pero quedaron detenidos hasta la audiencia de imposición de medidas.

Esa es la imagen del país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Donde unos llegan en avión, los arropan y entre mimos los llevan a sus casas; mientras a otros que intentan entrar al país cruzando un puente, les dejan varados en la mitad, a la intemperie cual si fueran bandidos.

Es el país que tiene una Fiscalía indulgente con la boda cheta, de gente con varios apellidos y que brinda con champán; pero de manera sorpresiva y arbitraria irrumpe un festejo en Luque, escracha a los novios, humilla a padrinos e invitados e incauta una conservadora repleta de Pilsen’i. No es una anécdota más. Es nuestro viejo Paraguay arbitrario y clasista.

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