La clase política no tardó en pronunciarse para marcar distancia de las expresiones de la senadora liberal Celeste Amarilla sobre el jugador francés Kylian Mbappé, a quien trató de “camerunés colonizado, fingiendo ser duro francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.
El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, y el líder de la bancada Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, calificaron la publicación de racista y xenófoba.
También legisladoras de la oposición, como Johanna Ortega y Esperanza Martínez, compartieron su desaprobación, pero además pusieron en relieve la contradicción de los cartistas teniendo en cuenta que está parado en el Congreso un proyecto que penaliza la discriminación.
“Hace más de 20 años tenemos cajoneada una ley contra toda forma de discriminación. Ahora se rasgan las vestiduras quienes trancan cualquier debate relacionado con derechos. Debatamos la ley, debatamos la violencia que hay en esta sociedad y la responsabilidad de los medios y de la política”, reclamó.
En el 2004, el senador Carlos Filizzola (País Solidario) presentó el proyecto que evita y elimina la discriminación, pero luego lo retiró para presentar un documento más completo en el 2007 junto al liberal Miguel Abdón Saguier, bajo la denominación “contra toda forma de discriminación”.
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El proyecto fue estudiado en comisiones, pero finalmente fue archivado en el 2014. Al año siguiente, se volvió a presentar el texto, esta vez también con el apoyo de los liberales Adolfo Ferreiro y Blanca Fonseca.
Hasta el momento no hubo avances en el trámite y sus proyectistas ya no están cumpliendo funciones en el Poder Legislativo, pero Esperanza Martínez se posicionó como impulsora actualmente.
Para la senadora por Participación Ciudadana es necesario un debate real antes que “cinco minutos de fama” en las redes sociales.
“La discriminación no se puede esconder bajo la bandera de la libertad de expresión. Tampoco se puede usar la lucha contra la discriminación para la revancha política, en especial por parte de quienes hacen del odio y la intolerancia su discurso y evitan cualquier avance en materia de derechos”, dijo en alusión a quienes frenan el proyecto en el Congreso.
En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, Johanna Ortega, de País Solidario, se refirió a la doble moral por la indignación, mientras que Paraguay es el único país en la región que no cuenta con una ley contra toda forma de discriminación. Reclamó que en el país se persigue a quien piensa distinto y se estigmatiza a los pueblos indígenas.
“Si queremos realmente que Paraguay sea un país respetado, tenemos que empezar a respetar a nuestra propia gente, tenemos que empezar por garantizar para que todas las personas en este país sean tratadas con la misma dignidad, sean paraguayos, sean visitantes, sean inmigrantes, sean personas de pueblos indígenas, sean niños, sean personas con discapacidad, sin importar su origen, sin importar el color de su piel, sin importar su identidad o su condición económica o sus convicciones políticas, que son cuestiones de profunda discriminación en este país”, indicó.
Sobre esta posibilidad, los colorados mantienen una postura cautelosa y el único que se pronunció a favor fue Miguel Del Puerto, quien afirmó que corresponde un debate al respecto porque no es la primera vez que ocurre.
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Al ser consultado sobre la iniciativa firmada en el Senado, opinó que cuando se presentó aún no estaba en el Poder Legislativo y manifestó su interés en abordarlo. “Todavía no era legislador, pero vamos a buscar ese proyecto para analizarlo. Corresponde, si existe y si no existe un proyecto, habría que empezar a trabajar sobre ello”, lanzó.
El proyecto de ley define como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución.
