La mayoría cartista en la Cámara de Diputados remitió al archivo el proyecto de ley que buscaba dejar sin efecto la intermediación que realiza la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) a cuenta de los municipios, iniciativa que tuvo el apoyo de miembros del PLRA y el Tercer Espacio, así como miembros de la disidencia colorada.
En comunicación con la radio Monumental 1080 AM, la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo lamentó que la “aplanadora de HC” no permite siquiera el debate sobre el tema, y calificó a la Opaci de ser un ente hecho para “recaudar”.
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Explicó que la Ley de Tránsito del 2014 ya establece el cobro de la Opaci por los registros de conducir, pero que esta finalmente no transfiere a los municipios. “Solo en registros de conducir recaudan G. 20.000 millones. Pedí informes… y nada me contestaron”, lamentó Vallejo.
“Le pido a Santiago Peña, cuando esté por el país, que dicte la reglamentación de su famosa ley de oenegé, porque ahí nos habilita a pedirle informes a la Opaci, porque hoy se maneja como una entidad privada”, dijo.
Detalló que el presupuesto de la Opaci es de unos G. 70.000 millones, y que no recibió respuestas sobre en qué gastan y cuánto pagan en salarios, ya que no es una entidad pública, sino una oenegé.
“Impresionante es la defensa por parte de algunos diputados, prácticamente está el Vaticano y después ya está Opaci”, indicó.
Ley de Protección de Datos Personales
Sobre las modificaciones que se están estudiando este martes en Diputados al proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, Vallejo alertó que la modificación impulsada por la mayoría oficialista a la Ley de Derecho a la Información Pública podría coartar gravemente el acceso ciudadano a datos estatales, al introducir trámites engorrosos y plazos innecesarios que desvirtúan el espíritu de la norma.
Vallejo recordó que ya había advertido esta situación desde el primer trámite legislativo, y criticó que el proyecto se haya atropellado sin debate ni consenso. “Yo tomé la decisión de no votar una ley que no se debatió. Lo he dicho una y otra vez en el trámite de Diputados”, afirmó.
Explicó que el Senado introdujo modificaciones menos perjudiciales, pero que el artículo en cuestión debería ser vetado por el Ejecutivo. “Sea cual fuese la versión que se apruebe, a mi parecer una solución es vetar ese artículo”, afirmó.
La diputada advirtió que la versión actual del proyecto permite que la persona afectada por un pedido de información pueda accionar civilmente, lo que agrega una capa de complejidad jurídica innecesaria. “Incluso abre la vía de que la persona si se siente ofendida pueda accionar civilmente. Es un trámite sumamente engorroso”, señaló.
