“En un operativo en conjunto entre la Administración Nacional de Electricidad, el Ministerio Público, el Departamento de Investigación y con el apoyo de la Policía Nacional (...), se logró la intervención de una propiedad registrada a nombre de Emerson Batista, por la conexión directa en Media Tensión de un transformador de 2.500 kVA. Esta instalación abastecía de energía eléctrica a 388 procesadores de criptoactivos al momento del operativo”, informó la estatal en un comunicado.
La institución realizó la denuncia ante la Fiscalía por los delitos de sustracción de energía eléctrica (artículo 173), perturbación de servicios públicos (artículo 218) y sabotaje (artículo 274) del Código Penal. El fiscal a cargo del caso fue el abogado Carlos Cabrera, de la Unidad Penal N°1 de Saltos del Guairá, con orden de allanamiento, quien ordenó el traslado de 201 equipos procesadores de criptoactivos junto al transformador de gran porte a la Agencia Regional de Saltos del Guairá, mientras que 187 procesadores fueron precintados y dejados dentro del contenedor y designó un depositario fiscal al dueño del inmueble.
“La ANDE reitera su compromiso en la lucha frontal contra las conexiones irregulares y el uso indebido de la energía eléctrica, que provocan importantes daños económicos y afectan el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y el cumplimiento de la normativa vigente”, añadió la administración eléctrica.
Más de 100 MW. El ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, había indicado que se necesita de mayores penas para desalentar definitivamente la instalación de las criptominerías ilegales en el país. Detalló que hasta abril, la administración eléctrica desconectó más de 106 MW solamente entre 2023 y 2024.
