Estado fallido es una expresión que se usa para denominar a un Estado que falla a sus ciudadanos. En el Paraguay no hay control de la corrupción, hay impunidad, no hay combate al crimen organizado, lo que da como resultado altos niveles de criminalidad e inseguridad. Asimismo, se ve crecer la pobreza y es evidente la incompetencia para enfrentar situaciones de emergencia y desastres, como se ha visto recientemente con los incendios forestales y la crisis climática provocada por la sequía.
Los titulares de los periódicos reproducen semanalmente la acción de los sicarios en todo el país. El asesinato por encargo dejó hace rato de ser un fenómeno de las zonas fronterizas y se ha vuelto cada vez más frecuente en las áreas más pobladas de las ciudades. Esto se puede interpretar fácilmente como que el crimen organizado ha ido ganando cada vez más terreno y goza de impunidad para hacerlo.
Cada caso de los últimos meses ha generado conmoción y estupor en la ciudadanía; sin embargo, al ser olvidados, rápidamente quedan como meras anécdotas, ya que las autoridades rara vez llegan a esclarecer los casos. Diversas investigaciones sobre la influencia del crimen organizado en importantes instituciones, así como la injerencia del narcotráfico en la política paraguaya, no han llegado nunca a término y, por lo tanto, se acumulan sin haber sido aclarados los casos ni las denuncias.
En setiembre de 2021, en San Lorenzo, fue asesinado por sicarios el capitán de navío Humberto Ismael Fleitas Giménez, quien era jefe de Estado Mayor del Arsenal de Marina de la Armada Paraguaya; en el mismo mes, sicarios asesinaron al empresario Mauricio Schwartzman frente a su domicilio del barrio Jara en Asunción; y en octubre Jorge Fernando Miranda Ayala fue acribillado de múltiples disparos mientras disfrutaba de un encuentro con sus familiares y amigos en una cancha, en el barrio San Pablo, Asunción. En el transcurso del año pasado fueron asesinados candidatos a concejales y tampoco se puede evitar mencionar el caso de sicariato en que murió la hija del gobernador del Amambay.
De la misma manera quedan sin esclarecerse denuncias de corrupción y de vínculos con el crimen organizado, como es el caso de las denuncias del director de Aduanas, Julio Fernández, contra el senador colorado Martín Arévalo, entre ellas de que el parlamentario tiene vínculos con el crimen organizado, vinculado a un mecanismo mafioso que opera en la institución. Y, a principios de este año, un operativo de la Senad y la Fiscalía reveló un nuevo caso del narcotráfico asociado con la política, cuando un antiguo dirigente liberal fue detenido como un eslabón importante de una estructura criminal liderada por el hijo de un ex diputado del mismo partido.
La fuerza pública y las instituciones son superadas por el crimen organizado, como el trágico suceso del concierto en San Bernardino lo demuestra.
En el mes de enero se ha tenido un récord de casos de sicariato; este es el momento de pasar de la conmoción a la acción. Se debe impedir que el país se convierta en un Estado manejado por el crimen organizado y el narcotráfico.