La terrible noticia de que el capo narco brasileño Marcelo Fernando Pinheiro, más conocido como Marcelo Piloto, líder de la organización criminal Comando Vermelho, había asesinado a la joven Lidia Meza Burgos, de 18 años de edad, mientras ella lo visitaba en su celda de la Agrupación Especializada de la Policía, en la siesta del sábado último, aun mantiene conmocionada a la sociedad paraguaya.
El episodio, que parece ser sacado de algún episodio televisivo de ficción sobre asesinos sicópatas o mentes criminales, vuelve a poner en el tapete las muchas irregularidades y las falencias que afectan al sistema penitenciario paraguayo, a los organismos de seguridad, al sistema de Justicia y a la propia clase política paraguaya, permeados por la corrupción y por la criminalidad.
Uno de los primeros puntos que desnuda la crítica situación del sistema judicial es que los grandes criminales brasileños son capaces de asesinar para inventarse una causa y no ser extraditados a su país. Es decir, saben que en el Paraguay pueden acceder a privilegios que pueden ser comprados con dinero, disfrutar de celdas vip, seguir manejando sus operaciones delictivas desde la prisión y eventualmente incluso poner en marcha un plan de fuga. Lo dijo el mismo Marcelo Piloto en su conferencia de prensa: “Este es el país de la corrupción.”
La otra cuestión es la que esgrimió el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, para intentar minimizar la responsibilidad acerca de lo ocurrido: la Agrupación Especializada no es una cárcel de alta seguridad, sino un cuartel policial. Sin embargo, viene siendo utilizada como prisión desde la época de la dictadura. Hasta ahora, el Estado paraguayo no se ha preocupado de construir prisiones modelos para criminales peligrosos. Las cárceles existente están sobrepobladas: hay casi 15.000 personas encerradas en prisiones que solo pueden albergar a 8.500. En eso tienen gran responsabilidad los fiscales y jueces, que abusan de la prisión preventiva y mantienen a más del 70% de los presos sin condena en muchos casos por inutilidad, indolencia y excesiva burocracia, pero también por el uso de chicanas y la endémica corrupción.
Ante la crisis desatada, el presidente de la República optó por no hacer caso al dilatado proceso de extradición para Marcelo Pinheiro y decidió expulsarlo del país, apelando a facultades administrativas. Es de esperar que se arbitren los medios para que el criminal pueda también pagar por el bárbaro feminicidio cometido contra la indefensa Lidia, aunque este proceso lo deba cumplir la justicia brasileña.
Las negligencias de seguridad requieren ser investigadas y sancionadas, pero por sobre todo existe la necesidad de una completa reformulación del sistema penitenciario, construyendo nuevas cárceles modelos de alta seguridad y principalmente implementando un sistema judicial más funcional y debidamente saneado ante el cáncer de la corrupción.