La defensora pública Carla Mazó promovió los amparos de dos personas de 27 y 34 años de edad para la vacunación contra el Covid-19, edades que todavía no están incluidas en el proceso de vacunación del Ministerio de Salud.
Las dos personas, en situación de vulnerabilidad, serán inmunizadas contra el coronavirus mediante el amparo del Ministerio de la Defensa Pública.
Se trata de una persona con discapacidad (síndrome de Down y otras patologías) y de un paciente oncológico en tratamiento, que padece el Sarcoma de Kaposi.
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Octavo Turno de Asunción ordenó que en el caso de la joven de 27 años se proceda a administrar inmediatamente el biológico contra el coronavirus, bajo control médico con el consecuente agendamiento para la segunda dosis, en el centro vacunatorio más próximo a su domicilio.
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Igual medida asumió ayer el Juzgado Penal de la Adolescencia, Segundo Turno de la Capital, para la persona de 34 años.
La defensora pública interviniente manifestó que los derechos vulnerados en estos casos fueron el Derecho a la Vida, el Derecho a la Salud y el Derecho a la Igualdad de las personas, por lo que las acciones o medidas que se tomaron fueron la presentación del amparo constitucional y la solicitud de la medida de urgencia.
Otras personas con discapacidad que solicitaron la medida a través de la Defensa Pública ya fueron inmunizadas y otras están en proceso en las instancias correspondientes.
Los amparos constitucionales para acceder a las vacunas muestran hasta ahora la función social de la Justicia, ya que, pese a la oposición del Ministerio de Salud, se conceden las medidas que benefician y priorizan en el acceso a las dosis a personas que realmente las necesitan.
