La segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) tomó esa decisión por tres votos a dos, tras un cambio a último momento de la posición de una de sus magistradas, Carmen Lúcia, que inicialmente había rechazado la demanda presentada por los abogados del líder de la izquierda.
Lúcia se había pronunciado en forma contraria, aunque ahora aclaró que “datos nuevos” surgidos desde entonces le han hecho cambiar de opinión.
Según la decisión, limitada a un juicio sobre un apartamento en una playa que Lula habría recibido como soborno, la actuación de Moro como juez quedó en duda con algunas de sus actuaciones durante el proceso, como órdenes para interceptar judicialmente y en secreto los teléfonos de los abogados que asistían al ex presidente.
Además, desde que se comenzó a juzgar esta acción intentada por la defensa de Lula surgieron informaciones que sugieren que Moro, en su condición de juez, coordinó u orientó de alguna manera las acciones de los fiscales a cargo de la investigación, lo cual está estrictamente prohibido por la ley.
El juez Gilmar Mendes, presidente de la Segunda Sala, fue uno de los que consideraron que Moro “no fue imparcial” y afirmó que, entre otros factores, la actuación del entonces juez tuvo cariz “político” y apuntó a “desprestigiar” a Lula frente a la opinión pública.
Según sostuvo Mendes, ese interés “político” se reforzó con la imposibilidad de que Lula, ya condenado, se postulara a la presidencia en 2018, cuando fue elegido el actual mandatario, Jair Bolsonaro, que luego nombró a Moro como ministro de Justicia, aunque el ex juez dejó el Gobierno en abril de 2020 enemistado con el gobernante.
Lula fue juzgado en primera instancia en un tribunal de la ciudad de Curitiba a cargo entonces de Moro, responsable de todos los casos relacionados con los graves escándalos de corrupción destapados por la operación Lava Jato en la estatal Petrobras.
En dos de esas causas, fue condenado a un total de casi 26 años de prisión, de los que cumplió cerca de un año y siete meses, pero esos procesos, igual que otros dos en los que no llegó a haber sentencia, fueron anulados el pasado 8 de marzo.
La anulación fue decidida por el juez Edson Fachin, también del Supremo, quien entendió que los procesos en que Moro juzgó a Lula no tenían relación con el caso Petrobras, que era el único sobre el que tenía competencia el tribunal de Curitiba.
De acuerdo con esa decisión de Fachin, y debido a ese conflicto de competencias, esos cuatro juicios contra Lula deberán ser realizados nuevamente, pero en tribunales de Brasilia, que aún no han decidido cuándo comenzarán a examinar esas causas, relativas a sobornos que el exmandatario habría recibido de empresas privadas.
