La causa en la cual fueron denunciadas dos abogadas por recusar a nada menos que 50 agentes fiscales será objeto de auditoría de gestión, según resolvió ayer el presidente de la Corte Suprema, José Raúl Torres Kirmser.
La fiscala General, Sandra Quiñónez, denunció el miércoles a las abogadas Nora Montiel González y María Elena Barrios, por presuntas irregularidades en el ejercicio de la profesión, ya que recusaron a 50 agentes fiscales.
Las recusaciones se dieron en la investigación fiscal N° 8678/2017, caratulado: “Haron Jorge Hougham y otra sobre lavado de dinero”.
Ante esto, la Corte dispuso la remisión de los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, a los efectos de la realización de una auditoría de reacción inmediata.
Según dice, es a los efectos de la verificación de las irregularidades denunciadas por la titular del Ministerio Público.
Dijo que las abogadas “buscan afanosamente obstaculizar la labor del Ministerio Público, puesto que han planteado diversos recursos contra todos los agentes fiscales”.