El 155 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este lunes y se extenderá hasta el 9 de febrero. La Corte IDH prevé realizar ocho audiencias públicas, entre las cuales se encuentra un caso contra el estado paraguayo.
Se trata de la denuncia hecha por el entonces oficial inspector de la Policía Nacional, Jorge López Sosa, por detención ilegal, tortura y violación tanto de las garantías judiciales, como de la protección judicial en el año 2000.
Los hechos alegados ocurrieron en el año 2000, cuando López Sosa era oficial inspector de la Policía Nacional. Su detención fue durante un estado de excepción en el gobierno de Luis Ángel González Macchi, tras un fallido golpe de Estado por unos 50 militares retirados y oficiales de menor rango a favor del entonces exiliado Lino César Oviedo.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos para prevenir y sancionar la tortura.
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López Sosa había sido convocado a la Comandancia de la Policía Nacional en mayo del 2000. Luego fue asignado a la Comisaría 11ª, donde fue despojado de su arma reglamentaria, esposado, vendado, golpeado e interrogado sobre el intento de golpe de Estado contra González Macchi, entonces presidente de la República.
Durante el intento de golpe, los insurgentes tomaron el Regimiento de Caballería, el cuartel de la Policía, la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), un canal de televisión y dos radios, además de avanzar con cinco tanques hacia el centro de Asunción, donde dispararon contra el Cabildo, donde funcionaba el Congreso.
