En la causa, la firma constructora M&T SA reclamó a los condenados la suma de G. 381.153.330.554, como indemnización por daños y perjuicios que quedó ante la jueza de Delitos Económicos y Corrupción, Ana Rodríguez.
Fue fallo unánime de los ministros Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón, a más del camarista Arnaldo Fleitas, que integró el Máximo Tribunal ante la inhibición de los demás miembros.
Los abogados Raquel Talavera y Erich Ratzlaff, plantearon ante la Sala Penal una queja por recurso denegado contra la resolución del 19 de agosto del 2024, dictada por el Tribunal de Apelación.
RECUSACIÓN. La defensa de RGD había recusado a la jueza de Sentencia Especializada en Delitos Económicos y Corrupción, Ana Rodríguez Brozón, en la causa de reparación del daño e indemnización por un monto multimillonario presentada por la firma M&T SA.
Sin embargo, los camaristas Arnulfo Arias, Silvana Luraghi y María Belén Agüero, rechazaron la recusación contra la magistrada Brozón el pasado 25 de julio.
Los abogados de RGD habían apelado esta última resolución con el argumento de que la jueza había imprimido trámites distintos a los establecidos en la ley procesal.
No obstante, por decisión del 19 de agosto, los camaristas declararon inoficioso el estudio de este recurso de la defensa.
CORTE. Ante esta situación, los abogados fueron a la Sala Penal de la Corte Suprema en queja por el recurso denegado por los camaristas en contra de la citada resolución.
Los ministros refieren que en el proceso penal no existe el recurso de queja por apelación denegada, sino que solo existe la queja por el retardo de justicia.
Dicen que la Sala Penal solo puede resolver recursos extraordinarios de casación y de revisión, contiendas de competencia, quejas por retardo de justicia y las que les asignen las leyes.
Ante esto, como no existe dicho recurso, declaran inadmisible el pedido, con lo que rechazan la solicitud de la defensa de Ramón Mario González Daher.
