Tanto el actual como los ex presidentes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuentan con múltiples denuncias y, entre ellos, hay quienes están procesados y condenados por hechos de corrupción.
El hecho de que Francisco Ruiz Díaz, actual titular del Indert, esté en la mira por la entrega supuestamente irregular de tierras en el Chaco no es el único hecho notorio en la cúpula del ente agrario, ya que también otras figuras, a lo largo de distintos gobiernos, también fueron denunciados e incluso algunos tuvieron que soportar la pena privativa de libertad.
En este sentido, cabe recordar las figuras que pasaron al menos en las dos últimas décadas y no tuvieron un final feliz, por culminar sus gestiones con sendas denuncias.
Varios casos. Eugenio Alonso Massare, ex presidente de Indert (2010), fue condenado por lesión de confianza y estafa a 2 años de prisión con suspensión de la pena, durante el gobierno de Fernando Lugo. Durante la causa la Fiscalía detectó un daño de G. 1.000 millones.
Un capítulo aparte merece Luis Ortigoza, ex titular del Indert, quien tomó las riendas de la institución cuando Federico Franco llegó al poder, tras la destitución de Fernando Lugo.
Ortigoza es sindicado como líder de uno de los mayores esquemas de corrupción en el ente estatal agrario. Se encuentra prófugo desde hace 6 años, en lo que debe afrontar un juicio acusado por tentativa de estafa.
Fue imputado por lesión de confianza en un caso que involucra la compra irregular de 5.743 hectáreas en Cordillera a la empresa San Agustín, ligada al congresista Jorge Oviedo Matto. La adquisición fue realizada por el Indert por un monto aproximado de 46.884 millones de guaraníes.
Además, fue objeto de investigación por supuestas ventas irregulares de tierras en Alto Paraguay y en la Reserva del Mbaracayú.
Siguiendo con los acusados, se encuentra Justo Pastor Cárdenas (2013), condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia determinó una condena de 7 años de prisión y el comiso de sus bienes en el 2024.
Dentro del período de gobierno de Mario Abdo Benítez figura Pedro Gómez de la Fuente (2019) al frente del Indert y uno de la larga lista de procesados.
Fue condenado a 3 años y 6 meses por cohecho pasivo y extorsión, por su gestión como director regional del Indert, en el Chaco. No se encuentra detenido, pero pesa sobre él una intimación para su entrega a la Justicia.
El ex diputado de Patria Querida, Carlos María Soler (2019), que también tuvo la confianza del entonces presidente Mario Abdo Benítez, no pudo culminar bien su paso por el organismo agrario.
Fue condenado a prisión a 4 años por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias. Se encontró que fue cómplice en los hechos con Pedro Gómez de la Fuente.
Luego, en el mismo período de gobierno, Mario Vega Mereles (2019) ejerció el mando del Indert y tras su gestión fue investigado por coima, asociación criminal, lesión de confianza, por supuestos pedido de dinero a cambio de adjudicar tierras.
Fue absuelto en el 2024 por el tribunal de sentencia, pero la fiscaliza apeló.
El último caso que salpica al Indert bajo la era Ruiz Díaz tiene que ver con la venta de tierras a precios irrisorios en el Chaco.
Pesan sobre Ruiz Díaz denuncias de estar en negociado de tierras
Sobre el cuestionado actual presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, pesa un pedido de interpelación que el Senado postergó y debe tratar para su finiquito o rechazo antes del receso parlamentario.
El titular de la cartera agraria es sindicado como supuesto responsable por supuestas entregas de tierras en la zona del corredor bioceánico. No obstante, en la última reunión con los senadores negó tales acusaciones y se puso a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones.
La maniobra en el Indert supuso la adjudicación de 29 hectáreas de tierras públicas, de las que 12 hectáreas habrían sido escamotadas a la Dirección Nacional de Aduanas (hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) a beneficio del empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke, en una irrisoria operación de G. 18 millones. Otras tierras también en la zona de Alto Paraguay fueron vendidas por exiguas sumas lo que habría causado un daño a la institución.
