De esta manera, la DNCP da curso a la continuidad normal del proceso por un valor de USD 23 millones, y aclaró que no halló ningún indicio de irregularidades en la investigación iniciada de oficio a raíz de las denuncias de malos manejos y direccionamientos en el proceso de licitación.
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, mencionó que fueron cinco puntos investigados sobre cuestiones técnicas y financieras, que concluyeron de que no existió ningún direccionamiento, y, por ende, se decidió levantar la suspensión y el proceso licitatorio seguirá normalmente. Recalcó que los plazos electorales no corren ningún riesgo.
La resolución emitida aclara que la investigación de oficio inició luego de publicaciones periodísticas que cuestionaban la regularidad de las especificaciones técnicas y el precio de referencia indicado en las bases y condiciones.
Entretanto, refiere que la firma Smartmatic había interpuesto una propuesta contra las especificaciones, la cual fue rechazada, debido a que “la presentación de la oferta implica la aceptación plena del contenido íntegro de los documentos de la licitación”.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había presentado un recurso de reconsideración para que el proceso no se detenga, ratificando que no se cometieron errores y que ya no habría tiempo para llamar a una nueva licitación ni de capacitar a los ciudadanos.
Los cuestionamientos contra el proceso de contratación surgieron luego de que el TSJE estableciera adendas de último momento al pliego de bases y condiciones, con lo que se generaron sospechas de que podría favorecer a una de las empresas internacionales que se presentarán para la licitación pública. En ese sentido, fue la firma británica Smartmatic que entre sus objeciones acusó que el llamado está elaborado para favorecer a la empresa argentina Magic Software Argentina (MSA).
Esto, a causa de que el TSJE solicitó que la boleta de voto se imprima en papel de 90 gramos, “dejando de lado a multinacionales dedicadas exclusivamente al ámbito electoral”, en beneficio de la argentina MSA, la única de las oferentes cuyas máquinas imprimen papeles de estas características.
El Gobierno pretende destinar G. 138.460 millones (alrededor de USD 21,5 millones) en la renta de 15.000 urnas electrónicas.
