En el último año la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inhabilitó a 200 proveedores por incumplir contratos, doce de los cuales recurrieron al Tribunal de Cuentas y seis lograron levantar la sanción y facturar millones.
“Se veía venir, porque aumentamos mucho los casos de investigación. En el 2012 había unos 70 casos y el año pasado terminamos con más de 770 investigaciones sobre posibles casos de corrupción”, indicó el director de Contrataciones Públicas, Santiago Jure.
Recordó que como institución solo tienen competencia de sancionar a las empresas que incumplen los contratos con las diferentes instituciones. El funcionario resaltó el trabajo arduo realizado para velar por los bienes del Estado.
Jure dijo que el año pasado fueron sancionadas alrededor de 40 firmas y 12 de ellas recurrieron al Tribunal de Cuentas del Poder Judicial,donde 6 empresas lograron levantar la sanción y seguir facturando por más de G. 70.000 millones.
“Estamos apelando a la Corte Suprema de Justicia, pero el problema es que, una vez otorgada la medida cautelar, la empresa seguirá proveyendo y tenemos casos de firmas que incumplieron contrato de almuerzos escolares, medicamentos u obras”, dijo a la emisora 780 AM.
Por esa razón, expresó su preocupación por las resoluciones judiciales que favorecen a las empresas sancionadas. Santiago Jure refirió que hacen un trabajo fino y que todas las medidas adoptadas se encuentran bien fundadas.
Sin embargo, considera que los fallos del Tribunal de Cuentas, en algunos casos, no tienen ningún sentido, porque en sus argumentaciones solo mencionan que se les está privando a las firmas el derecho a competir.
“No se dan cuenta del perjuicio ocasionado al Estado. Sus resoluciones, antes que cuidar el interés público, se centran en el interés de las empresas”, criticó.
Si bien mencionó que generalmente en la Corte Suprema dan la razón a la Dirección General de Contrataciones Públicas, la revocatoria viene mucho tiempo después y las empresas sancionadas ya logran ejecutar todo el contrato.
“Hay que apuntar a limpiar el mercado de contrataciones públicas. Es mucho lo que se aumentó la investigación y es mucha la consecuencia de esto”, concluyó.
Las empresas que lograron la medida cautelar son Allianz Worldwide Care SA, Dan y Kar SA, Alberto Raúl Palumbo Zaldívar, Tecmont SA, Óscar Osvaldo Zaracho Méndez y Hugo Alcides Sanabria Lezcano.
