La Contraloría General de la República presentó una denuncia ante la Fiscalía General en contra de intendentes y ex intendentes de cinco municipios, por la existencia de presuntas irregularidades.
De acuerdo a los reportes de los análisis, existen perjuicios de más de G. 3.000 millones en total.
La denuncia fue hecha el 14 de febrero, contra las municipalidades de Carmelo Peralta, Ñacunday, Independencia, Arroyito y San Estanislao.
Resaltan que hay indicios de hechos punibles, elevados por la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la Contraloría.
En la ciudad de Carmelo Peralta, Chaco, refieren que hay un perjuicio de G. 552.200.375 por presuntas irregularidades entre los años 2014 y 2015, cuando Domingo Duarte estaba al frente de la Comuna.
Supuestamente, ese monto, que representa el 27% del total, el cual ascendió a más de G. 1.000 millones, no fue justificado.
La inversión tenía como destino la construcción de aulas, comedores, baños, canchas con graderías de palma y refacciones de aulas, con fondos venidos del Fonacide, pero que no se realizaron en su totalidad.
Las reparaciones y edificaciones se realizaron parcialmente en varias escuelas.
En la localidad de Colonia Independencia, Guairá, el perjuicio alcanza G. 388.290.000, según informe.
Francisco Arnaldo Chávez, actual intendente, ya tiene varias denuncias en su contra por irregularidades en la Comuna. Él es sucesor de José Eligio Chávez (2010-2015), su tío, sobre quién también hay denuncias por lesión de confianza.
Esta nueva denuncia hecha por la Contraloría se refiere a “pagos de combustibles y lubricantes sin documentos que respalden la distribución e informes de la utilización con fondos de royalties, además de pagos sin rendición de cuentas”.
Ya hubo incluso pedido de intervención en la Comuna, por las irregularidades administrativas.
Otra de las municipalidades denunciadas es Arroyito, Concepción.
En dicha localidad se encontró el supuesto pago de obras fantasmas, por ejemplo la construcción de una cancha de fútbol en el Centro Comunitario del Asentamiento, construcción del alcantarillado y la construcción de tres aulas en la escuela Julio Otaño, que no fueron realizadas, pero figuran como pagadas.
El perjuicio existente sería por un valor de G. 488.000.000, bajo la administración de Samuel González, intendente colorado.
Existen pedidos de imputación contra González, por los supuestos hechos de corrupción.
En el distrito de Ñacunday, del Departamento de Alto Paraná, también figuran irregularidades entre el 2014 y el 2015, de acuerdo a la autoría realizada.
El perjuicio patrimonial es mucho mayor al resto de los municipios, ya que es por G. 1.860.290.073, por cheques pagados sin documentos respaldatorios.
“Los responsables de la Municipalidad (Pedro Duarte y Everaldo Devitte) han desembolsado fondos de la institución cuyo respaldo documental de gastos no ha sido visualizado, a pesar de los pedidos de documentaciones”, refiere el reporte hecho por la Contraloría.
Finalmente, en la ciudad de San Estanislao, bajo la administración de José Safuán, se halló un perjuicio de G. 380.069.723, por haberse supuestamente ejecutado obras en menor cantidad de lo que figuraba en el contrato, siempre según el informe.
