Un documento de la Contraloría General de la República con fecha del jueves fue remitido a la Fiscalía General del Estado y contiene un reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio y lesión de confianza que resultó de una auditoría financiera a la Municipalidad de Concepción.
El informe detalla que se constató que en la administración del intendente liberal Alejandro Urbieta existió un perjuicio patrimonial por un valor de G. 6.457.091.160, informó el corresponsal de Última Hora Justiniano Riveros.
En los análisis técnicos de la CGR se comprobaron irregularidades en el ejercicio fiscal 2018 en pagos realizados por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones por el monto de G. 959.500.000 sin que se hayan cumplido con procedimientos de contrataciones exigidos.
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Asimismo, el documento señala que pagos de combustible y lubricantes fueron financiados con recursos genuinos del Municipio por G. 657.851.160 sin que se cuente con una reglamentación de utilización de combustible.
Sumado a estos dos puntos, se constató que fueron emitidos dos cheques sin respaldo de documentos por el total de G. 26.750.000; y transferencias entre cuentas por G. 4.812.990.000 realizadas desde la cuenta de origen Fonacide, cuya devolución no se pudo constatar.
Pobladores de Concepción habían realizado una movilización ciudadana de más de 150 días hace dos años para exigir la intervención a la gestión de Alejandro Urbieta.
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La lucha contra la corrupción y la falta de transparencia inició el 15 de octubre de 2018, tras la detención del comunicador Édgar Chilavert, quien casi dos años después de estar procesado fue absuelto de la acusación de abuso sexual en niños.
La ciudadanía movilizada aseguraba que era una estrategia preparada por el clan Urbieta para acallar al comunicador que realizaba graves denuncias de supuestas irregularidades.
Incluso, se llegó a pedir a las autoridades fiscales mover las 37 denuncias que pesan sobre el jefe de la Comuna, de las cuales solo tuvo dos imputaciones y procesos con medidas. El Ministerio Público allanó la Municipalidad en febrero de 2019.
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La Cámara de Diputados estudió en agosto de este año el pedido de intervención de la Municipalidad de Concepción y lo rechazó. Una comisión especial creada para su análisis argumentó que dentro de la investigación no se encontró un daño patrimonial.
Sobre el destino incierto de un crédito de G. 4.315.175.372, el cual, según los denunciantes, habría sido utilizado para pago de salarios y multimillonarios honorarios, Urbieta alegó en su defensa que el destino del fondo se encontraba rendido en su totalidad y ejecutado en 90%.
No obstante, se realizaron innumerables manifestaciones pidiendo la destitución del intendente, que culmina su mandato el próximo año.
