Peña en tanto dio a entender que hay elementos que podrían ser inconstitucionales, pero no aclaró cuáles, con lo que abrió una ventana de posibilidad a un veto, al menos parcial.
La normativa fue sancionada ya el 9 de octubre, pero se demoró su remisión al Ejecutivo como decisión política para extender el tiempo que tiene el presidente de expedirse, debido a lo controversial del proyecto impulsado por el senador Gustavo Leite, y el anuncio de acciones de inconstitucionalidad por parte de la sociedad civil a nivel nacional.
El proyecto cuenta con 22 artículos, por lo que el presidente tiene 20 días hábiles, según la Constitución Nacional, para promulgar o vetar total o parcialmente. Luego de ese plazo, se convierte en ley por promulgación automática. Si el proyecto es promulgado, debe ser reglamentado en el plazo de 15 días, que será una tarea para el Ministerio de Economía.
Peña también recibe presión de la comunidad internacional, que señalan que la ley es una medida autoritaria y restrictiva de la democracia.
Se pronunciaron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional, el Gafi, entre otras.
La demora de Peña es llamativa debido a que la versión sancionada por el Congreso fue la misma que el Ejecutivo recomendó, pero se toma todo el tiempo posible a causa de la resistencia en la sociedad civil, los medios y sectores empresariales.
En medio de esto se lanza el asunto de una reforma de la Constitución, que podría ser un globo sonda.
