Las obras públicas de infraestructura generalmente no se completan en los plazos establecidos y la actual normativa de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) obliga a los consultores que fiscalizan estos proyectos a retirarse antes de que concluyan, lo que dificulta una supervisión adecuada durante todo el proceso, indicó Mendoza, presidente del gremio que aglutina a más de 40 empresas consultoras dedicadas a estudios de factibilidad y fiscalización externa de proyectos de construcción.
“Nuestros contratos no se extienden de la misma forma que el de las constructoras. La mayoría de las veces salimos antes de que terminen los proyectos y todo el esfuerzo que hicimos se pierde (...). Estamos trabajando con la DNCP para que los contratos de fiscalización se extiendan hasta el final de las obras”, explicó Mendoza.
Fiscalización. Destacó que la fiscalización es un componente fundamental de las obras públicas, ya que proporciona transparencia al proceso constructivo y asegura la calidad de la infraestructura. Para alcanzar estos objetivos, lo ideal sería que una única empresa consultora se encargue de toda la supervisión, enfatizó.
Además, el gremio también apunta a mejorar la calidad de los servicios de consultoría en las obras del Estado. En este contexto, han logrado avances con la DNCP para incluir criterios de calidad en las licitaciones públicas, resaltó Mendoza.
“Realizamos reuniones con diversas autoridades para abordar estos problemas y modificar las reglamentaciones. En los últimos años hemos logrado avances significativos. Por ejemplo, están los llamados a licitación pública que priorizan la calidad sobre el costo. Esto es fundamental para asegurar que las obras sean duraderas y bien ejecutadas”, afirmó.
Mendoza advirtió que la tendencia de contratar servicios de fiscalización con el criterio del menor precio ha generado problemas, pues en muchos casos las empresas adjudicadas no cuentan con la capacitación necesaria para llevar a cabo los proyectos de manera óptima.
