En entrevista con ÚH, el abogado Ezequiel Santagada, especialista en acceso a la información pública, sostuvo que la eventual reforma debe encararse con criterios de transparencia y acceso pleno a la información pública.
Más allá del cumplimiento formal de la ley subrayó que la transparencia es un elemento central para la legitimidad de cualquier reforma previsional.
“En una República, todos los antecedentes de una decisión gubernamental deben ser públicos; máxime cuando se trata de una ley y de una ley que impacta directamente en derechos fundamentales de miles sino millones de personas”, expresó.
Manifestó también que “de ninguna manera” la complejidad técnica ni la extensión de los documentos constituyen argumentos válidos para que el Gobierno restrinja su acceso, y que ante una solicitud formal de acceso a la información, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sí estaría obligado a entregar los informes actuariales.
“Es información que obra en su poder y no está alcanzada por ninguna causal de reserva legal (…). Lo que corresponde es que los interesados hagan una solicitud de acceso a la información y el MEF arbitre los mecanismos para entregarla y hacerla pública de la manera más rápida posible”, apuntó al respecto.
Recordó también que, si bien la Ley de Acceso a la Información Pública no se refiere de manera expresa a los estudios técnicos, estos deben considerarse información pública, especialmente en un contexto de debate en el que habrá tantos afectados. Advirtió que la falta de información puede generar resistencia social e incluso hacer que fracase el plan.
Riesgo. “El principal riesgo es que sea una reforma resistida por la ciudadanía y que, eventualmente, termine fracasando. Este tipo de reformas tienen que hacerse de manera transparente y buscando la mayor cantidad de consensos posibles y estos son factibles cuando se presentan y discuten datos reales, fiables y contrastables. Estas reformas llevan un tiempo y deben hacerse con el acompañamiento de quienes serán impactados. Esto no significa que todos estén de acuerdo, pero que sí que se expongan todas las razones y fundamentos”, aseveró el experto.
Señaló que, en cuanto a estándares internacionales, no es habitual que sistemas democráticos oculten información que sustenta reformas y que “cuanta más información y debate haya de manera previa a la implementación, mayores chances de que salga relativamente bien”.
Apuntó también a que en materia de reforma a los sistemas de pensiones, la Corte Interamerica de Derechos Humanos incluso ya señaló que los ciudadanos tienen derecho a ser informadas “de forma oportuna, clara, transparente y completa” de los efectos.
Finalmente, el abogado recordó que el derecho a acceder a esta información no se limita a los funcionarios. “Cualquier persona tiene derecho a conocer esa información. Directa o indirectamente, todos la sostenemos con nuestros impuestos. El Estado no genera riqueza, se queda con una parte de los recursos que generan las personas en el sector privado. Gente que no podrá jubilarse nunca paga los salarios e, indirectamente, las jubilaciones de los funcionarios”, finalizó.
En días pasados, al ser consultado, el titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, negó que exista ocultamiento de información y que aunque no tiene problema en dar los informes, los propios economistas deberían realizar sus estudios actuariales.
Por su parte, Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico, se limitó a señalar que se trata de un informe “mucho más detallado” y que “no es como un actuarial de IPS que es un registro general”.
“Esos son los análisis que estamos dando y eso es normal que se den en este periodo de un año. El compromiso de nosotros es seguir informando”, expresó. “Hay que tener en cuenta que tampoco tenemos muchos especialistas en actuarial, generalmente tenemos especialistas actuariales de seguros del sector privado, que no tiene nada que ver con un sistema solidario, y eso también se puede prestar a muchas tergiversaciones”, acotó.
El economista Rodrigo Ibarrola había advertido que, sin los estudios públicos, es difícil medir el impacto real del proyecto y alertó que el Gobierno podría estar buscando evitar un debate técnico.
