El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informó el miércoles en un boletín informativo que se constituyó en la Reserva San Rafael con agentes de la Fiscalía, Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Policía Nacional.
En el operativo verificaron el área protegida y durante el recorrido encontraron un asentamiento con aproximadamente 20 familias.
La Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas en su artículo 61 establece que la ocupación de todo terreno declarado como Área Silvestre Protegida bajo dominio público o privado está prohibida y que la autoridad de aplicación debe proceder de inmediato al desalojo.
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De acuerdo con el Mades, le explicaron a los ocupantes de dicha ley. Sin embargo, alegaron que necesitaban de “un pedazo de tierra” y que la zona donde estaban perteneció a un japonés quien supuestamente hipotecó la propiedad al Banco Nacional de Fomento (BNF), por lo que ahora les pertenece.
Ante este escenario, el Ministerio del Ambiente expuso que ya realizó la denuncia contra personas innominadas por invasiones dentro de la Reserva San Rafael y se comprometió a seguir buscando una respuesta a la problemática social “que pone en peligro esta área silvestre protegida”.
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La Asociación Pro Cordillera San Rafael (Pro Cosara) había pedido el 23 de mayo pasado la intervención urgente de las autoridades tras la denuncia por la deforestación y posible invasión en propiedades de la Reserva San Rafael, ubicadas en Alto Verá, Itapúa.
Posteriormente, cerca de 30 de organizaciones ambientales emitieron un comunicado denunciando el aumento de actividades ilícitas en la reserva, territorio conocido como el Tekoha Guasu del pueblo Mbya Guaraní.
Urgieron acciones por parte del Estado para no perder la Reserva San Rafael, un área de 73.000 hectáreas ubicadas en los departamentos de Itapúa y Caazapá, actualmente azotada por la tala indiscriminada, las fábricas de carbón, los cultivos ilegales de marihuana y las invasiones de grupos de campesinos.
