06 ago 2026

Consejero de IPS se desmarca de caso indagado por Fiscalía y apunta a ex titulares

El consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) José Emilio Argaña se desmarcó del supuesto perjuicio de G. 61.000 millones a la previsional tras detectarse presuntas irregularidades en contrato de quirófanos modulares. Admitió que firmó adendas sucesivas que prolongaron plazos sin resultados.

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José Emilio Argaña, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS).

Foto: Archivo ÚH.

José Emilio Argaña, miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), se desmarcó del escándalo que involucra a la previsional para la instalación de quirófanos modulares que nunca funcionaron y generaron un millonario perjuicio a la estatal.

En comunicación con radio Monumental 1080 AM, sostuvo que la compra se realizó en el 2019, durante la administración de Andrés Gubetich, cuando él todavía no formaba parte del consejo.

“En el 2019 se hace el llamado, porque siempre hay que ir al origen. El origen es cuando se hace el pliego. En este caso, estos quirófanos se necesitaban y se solicitó la compra”, expresó.

Recalcó que en 2020 se adjudicó la obra, pero cuando trajeron los equipos se descubrió que el séptimo piso del Hospital Central, donde se iban a instalar los equipos, no resistía el procedimiento por peligro de derrumbe.

“Se dan cuenta ellos, cosa que se hubiese hecho el estudio anteriormente, de que en el séptimo piso no iba a resistir esos quirófanos; por lo tanto, se debía buscar otro lugar”, admitió.

El funcionario indicó que los materiales quedaron depositados en el predio del IPS y que la situación se hizo pública.

El consejero, sin embargo, admitió que posteriormente se firmaron adendas para establecer nuevos plazos y lugares de instalación de los equipos comprados.

“Yo fui parte, yo firmé una adenda donde nuevamente se le ponía el nuevo lugar y donde se establecía el plazo de entrega de la obra. Después, nunca se entregaba, nunca se terminaba el trabajo”, expresó.

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Denuncia interna

Argaña aseguró que realizó una denuncia interna cuando constató que los quirófanos modulares seguían sin instalarse, sin determinarse en qué lugar se encontraban.

“Yo mismo le hago la denuncia y consta en acta. Fuimos a hacer esa visita y encontramos que había un contenedor. Ahora nos dicen que el quirófano estaba en otro lado”, sostuvo.

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Cuando fue consultado por los desembolsos, también negó cualquier responsabilidad y aclaró que el Consejo no autorizó pagos.

“Los desembolsos nosotros no autorizamos ninguno. Yo no sé si (Jorge) Brítez pagó, porque él tenía facultad para pagar conforme al cronograma. Tengo entendido que sí, por eso sale una orden de captura”, explicó.

En su opinión, la responsabilidad de los pagos correspondía a la administración ejecutiva (el presidente y sus gerentes) y no de los miembros del consejo.

Según la Fiscalía, son nueve sospechosos por el supuesto hecho de lesión de confianza que habría derivado en el perjuicio de G. 61.000 millones para la empresa estatal; entre ellos los ex presidentes Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez, y los ex gerentes de Logística y Abastecimiento Hugo Aranda y Jaime Caballero.

También, los ex directores de Mantenimiento José Raúl Coronel y Verónica Alexandra Blanco; los ex directores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Juan Villar y Marcelo Bordón, y la asesora jurídica Rosa Colmán.

Responsabilidad de los consejeros

El abogado Pablo Morínigo, director jurídico de IPS, anunció en la víspera
durante una conferencia de prensa brindada este miércoles que la investigación podría alcanzar a miembros del Consejo de Administración de la entidad.

“Se evaluarán las actas del consejo para evaluar su conducta. Podría pasar que exista una eventual ampliación de la imputación si es que hay méritos respecto a los consejeros que dieron su aval a los hechos denunciados descritos en la imputación”, señaló.

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El trato se realizó con la empresa Neigtpart SA, y toda la obra iba a costar G. 53.000 millones. En plena pandemia, la previsional liberó el primer pago en concepto de anticipo: G. 10.600 millones (20%).

La investigación señala que pasaron los años, y sin que la empresa cumpla el contrato, en vez de suspenderlo, se siguieron emitiendo “adendas desordenadas”.

El foco está en el Contrato N° 6/2020, que pretendía reacondicionar e instalar por primera vez este tipo de quirófanos en el séptimo piso, bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS.

Los quirófanos nunca se instalaron, y hasta sus partes vencieron allí en un depósito oscuro de la previsional.

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