Muchos de los jefes comunales están en la mira por los informes de la Contraloría General de la República y otros bajo la investigación de la Justicia.
El mecanismo establecido en la Cámara de Diputados indica que debe prestar su acuerdo constitucional, mayoría, para la intervención o no por parte del Poder Ejecutivo.
Uno de los polémicos casos gira en torno a la gestión del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno. Su hermano es el diputado José Domingo Mino Adorno.
Los agentes fiscales Carlomagno Alvarenga y Luis Piñánez ampliaron la imputación contra el intendente.
Adorno habría adquirido de la firma Nipon Automotores SA un vehículo Mitsubishi Triton, haciendo una entrega inicial de 50 millones de guaraníes, con cheque del Banco Nacional de Fomento a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado, pero el vehículo fue adquirido a nombre del intendente y no del Ejecutivo Municipal.
El pedido de intervención al Municipio de Puerto Casado de Hilario Adorno (ANR) se sustentaba en denuncias de que existirían unos G. 2.400 millones sin respaldo documental. Quedó finalmente archivado tras la decisión de defensa corporativa.
PAPÁ DE HERNÁN. El papá de del senador colorado Hernán Rivas también estuvo en el ojo de la tormenta.
La gestión del papá del senador Hernán Rivas también está bajo la lupa, pero una eventual intervención fue archivada. Hubo denuncias en la administración del Municipio de Tomás Romero Pereira, donde está al frente Hernán Ysidro Rivas.
La fiscala Natalia Fúster analiza documentaciones de 16 obras realizadas. Determinarán si estas corresponden a G. 2.000 millones mencionados en una denuncia por supuesta malversación de fondos. De acuerdo con la denuncia, el empresario Marcio de Andrade habría facturado G. 150 millones al Consejo de Desarrollo Social del Municipio, por servicio de máquina retroexcavadora para excavación y acondicionamiento de estanque con terraplén para cría de pescado, por el monto de G. 800.000 por hora.
Sin embargo, para los trabajos se habría utilizado la máquina que pertenece a la Municipalidad.
El 22 de noviembre de 2023, la Cámara de Diputados rechazó un pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira afirmando que se realizaron visitas de verificación técnica, donde no se encontraron elementos suficientes para la intervención.
Central. Otra gestión que está es la de Ñemby. Se trata del colorado Tomás Olmedo, cuestionado por el manejo de G. 9.000 millones que suman las licitaciones supuestamente amañadas y otras obras en la ciudad de Ñemby.
Entre los casos resaltantes mencionan supuestas “obras fantasmas”, así como el incumplimiento en los procesos de contrataciones públicas. El llamado vía excepción por G. 1.300 millones para la iluminación del cerro Ñemby, fue un punto enfatizado, al igual que el llamado a licitación para empedrados, anulado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero que igualmente siguió hasta darse un pago de G. 3.000 millones, según consta en la denuncia.
Recientemente, los concejales de Ñemby reforzaron la presión y hasta hubo una movilización ciudadana exigiendo la intervención del intendente colorado que sigue sumando las denuncias de supuestos malos manejos administrativos. La acusación inclusive fue realizada por referentes de su sector partidario.
PLRA. En el caso de la Comuna de Valenzuela, Departamento de Cordillera, está a cargo de la liberal Mirtha Fernández. Esta forma parte de la dirigencia liberal y fue denunciada por los concejales colorados.
En este caso se habla de un supuesto daño patrimonial de G. 1.199 millones que data inclusive de 2019. La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público bajo el cargo de que supuestamente se realizaron obras que no existen.
CDE. En el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, existe una intensa campaña de presión por parte de referentes del Partido Colorado, específicamente del sector oficialista.
Acumula 39 denuncias en su contra ante el Ministerio Público. Son varias acciones presentadas; una de ellas, formulada por el abogado Víctor Enríquez en representación de la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Según la denuncia, Prieto y el concejal Sebastián Martínez habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020, con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares.
Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar, quienes presentaron, supuestamente, facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez redobló la apuesta y señaló que si se aprueba una intervención de la gestión de Nenecho Rodríguez también corresponde que se haga lo mismo con el caso Prieto.
