18 abr. 2024

Connivencia de autoridades favorece crimen organizado

Paraguay no solamente se ha convertido en la nueva ruta privilegiada del narcotráfico, sino que, además, según la organización InSight Crime, el crimen organizado se ha sofisticado. Nada de esto sería posible sin la perversa colaboración de las autoridades nacionales. La complacencia de autoridades policiales, judiciales, políticas y militares nos ha arrastrado hasta este presente tan nefasto como peligroso. La única luz de esperanza al final del túnel será si se logran imponer la institucionalidad y la transparencia para combatir al crimen organizado.

Para la organización de investigación InSight Crime, el crimen organizado se ha sofisticado en los últimos años en Paraguay, posicionándose como importante centro para el tráfico de cocaína y marihuana, producción ilegal de cigarrillos y contrabando. Asimismo, llama la atención sobre una alarmante escalada tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

“Corrupción de autoridades y flojos controles hicieron del Paraguay la nueva ruta top del narcotráfico”, titulaba Última Hora, describiendo la nefasta situación que padecemos. Por décadas hubo quienes habían advertido que el Paraguay iba camino a la mexicanización o la colombianización, resaltando con la expresión el peligro que corría el país si no aprendía de los problemas de otros países y, sobre todo, no se tomaban las medidas oportunas. Así es que durante todo ese tiempo, aquella advertencia sonaba como el cuento del pastorcito mentiroso que alertaba de la llegada del lobo; cuando al fin el lobo llegó, ya nadie creyó en él. Pues resulta que hoy el lobo convirtió el territorio paraguayo en un corredor de cocaína.

De acuerdo con los expertos, la droga transita en territorio paraguayo hasta llegar a los vecinos Brasil y Argentina, desde donde emprende un largo viaje hasta los puertos europeos. Nuestra ubicación geográfica estratégica, sumada a los controles tan vulnerables debido a diversas razones: falta de tecnología, escasez de recursos humanos capacitados, pero sobre todo a la corrupción, son los elementos que nos convierten en un lugar atractivo y conveniente para traficantes y bandas narco, en el trazado de nuevas rutas de droga transatlánticas.

Paraguay es una escala importante para la cocaína que se trafica desde países productores, como Colombia, Perú y Bolivia, y que tiene como destino el Viejo Continente. La droga ingresa al país desde Bolivia por el extenso Chaco paraguayo. La redistribución se hace a ciudades de los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú, zonas de dominio de las facciones criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho.

El panorama más amplio se muestra todavía más siniestro si consideramos las últimas informaciones que señalan que el fiscal asesinado Marcelo Pecci había mantenido contacto con un policía de Italia para encaminar acciones ante la eventual presencia de la mafia italiana ‘Ndrangheta en territorio paraguayo. Según las investigaciones, la cocaína que llega al mercado europeo es manejada por el Primer Comando Capital (PCC) y responde a la mafia italiana ‘Ndrangheta. El contrabando de cigarrillo usa la misma ruta para llegar a los consumidores. La ‘Ndrangheta obtiene cocaína de proveedores de Perú, Paraguay y Brasil, luego contrata al PCC para trasladar la cocaína al puerto de Santos y enviarla a Europa.

Este es un esquema que se fue construyendo a lo largo de décadas y que se convirtió en una maquinaria criminal. Pero este programa no hubiera sido posible si el Paraguay era un país con instituciones estables, saludables y confiables. Un país donde Kassen Mohamad Hijazi, pese a estar vinculado con el crimen organizado, pudo ser absuelto en 2008 por la Justicia paraguaya. Hijazi fue nuevamente detenido hace cerca de un año en un procedimiento encabezado por el fiscal Marcelo Pecci, recientemente asesinado por sicarios en Colombia, y hoy está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos.

Solamente con institucionalidad y total transparencia se combate al crimen organizado. No basta con formular leyes más punitivas, lo que falta es un compromiso real de voluntad para hacer los cambios necesarios. Mientras haya autoridades policiales, judiciales, políticas y militares comprometidas con las mafias, ese cambio no será posible.

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