La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica el artículo 172 de la ley 1160/1997 del Código Penal, sobre la persecución de hechos denominados bagatelarios, tanto de apropiación (artículo 160) como de hurto (artículo 161).
El artículo en cuestión habla de la persecución penal cuando la apropiación o el hurto se refiera a una cosa de valor menor a 10 jornales mínimos (G. 1.030.000), por lo que la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que, a criterio del Ministerio Público, un interés público especial requiera una persecución de oficio.
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Ahora, el monto fue reducido a cinco jornales mínimos, con lo que obligará al Ministerio Público a iniciar la persecución penal desde los cinco jornales (G. 530.000). La iniciativa fue conocida también como “ley de las bolsoneras”.
De acuerdo a la exposición de motivos, las “bolsoneras” son consideradas como una agrupación delictiva estructurada y que, dentro del comercio legal, representa el 50% de pérdida en ganancias anuales, según un estudio hecho por la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay.
Al respecto, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, en su condición de presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, explicó que se trata de una respuesta a un alto volumen de denuncias contra los denominados “robos bagatelarios”.
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Explicó que se trata de hurtos que afectan a objetos que, por su valor de menor cuantía, no reciben un tratamiento de parte de las instituciones encargadas, que genera una gran inestabilidad social.
El diputado colorado Roberto González, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que al tratarse de objetos de menor cuantía, la mayoría de los afectados decide no accionar, en el entendimiento que el valor de lo hurtado, en la mayoría de los casos, es menor al honorario de un abogado.
La modificación establece, igualmente, que en caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.
Por su parte, el diputado Miguel Martínez de Cruzada Nacional sostuvo que, si bien el proyecto no es la solución definitiva a la delincuencia, se trata de una acción paliativa que busca disminuir este flagelo que se vive actualmente.
La ex fiscala y diputada patriaqueridista, Rocío Vallejo, recalcó que no se trata de un problema de la ley, sino de la aplicación de la ley.
