“Es una irresponsabilidad tremenda por parte del Legislativo. El perjuicio que se le causa a la gente, la falta de seguridad jurídica que está partiendo del mismo Congreso, es grave. Y estamos los que gritamos siempre, reclamando que se haga bien, pero ahí las mayorías son aplastantes y así se están sacando leyes y decidiendo situaciones importantes para los ciudadanos”, lamentó.
Los expedientes sobre expropiaciones que se tratan en la Cámara Baja no contemplan, con frecuencia, los documentos necesarios, como el informe de Catastro, la única institución que puede confirmar a quién pertenece una propiedad y si existe superposición. Pero los proyectistas alegan que con los datos de Registros Públicos es suficiente, sin embargo, indicó la legisladora, en esta dependencia se pueden dar dos anotaciones de un mismo inmueble.
La semana pasada se aprobó un proyecto de expropiación de 1.500 hectáreas de la estancia Alegría, de San Pedro, propiedad del Grupo Willersinn, pero luego se supo que el lugar estaba muy bien desarrollado, y los diputados se vieron obligados a anunciar que anularán su decisión. El proyecto fue impulsado llamativamente por el sanpedrano Pastor Vera Bejarano, quien incluso fue empleado de la estancia. “Evidentemente responde a un grupo de personas de su zona, donde a él le votan, para mí es un gran acto de irresponsabilidad”, aseveró la diputada.
Vallejo indicó que muchos casos graves como este son aprobados sin tener siquiera registros de que existen ocupaciones, lista de personas que ocupan la propiedad, consentimiento del dueño del inmueble, dimensiones, entre otras cosas. “No se tiene como una política escucharle al dueño del inmueble”, puntualizó.
Detalló que, en ocasiones, se presentan listas de ocupantes y los nombres y firmas están hechos por una misma persona. Solicitó un informe al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para conocer cuántas hectáreas tiene el Estado disponibles y que no están siendo utilizadas. También el Ministerio de Desarrollo Social.
Sin fondos. Otra gran preocupación es que se lleven a cabo expropiaciones sin que se establezcan con qué dinero se pagará al propietario y el Estado de ese modo acumula una millonaria deuda por tierras. La diputada liberal Celeste Amarilla solicitó, por ese motivo, un informe sobre las compras de inmuebles que aún están pendientes de pago.
Por tanto, según Vallejo, el proceso correcto es, primero, tener definido qué cantidad de tierras están disponibles y establecer un inventario, conocer cuál es la deuda del Estado por expropiaciones, pagar a los propietarios y, al momento de plantear una expropiación, saber primero cómo será pagada.
Insistió en que se realizan despojos de forma arbitraria y recordó un caso en que el dueño no estaba de acuerdo y que incluso existía una orden de desalojo de un juez que no se respetó e igualmente se aprobó la expropiación. “Es una cuestión de populismo, independientemente de que hay compatriotas que necesitan un pedazo de tierra”, reconoció.