Se trata de la empresaria María Eugenia Acosta Vallejos, quien en marzo de este año habría reclamado supuestas irregularidades en su empresa familiar a su hija María Antonella Galli, quien meses después la denunció por violencia familiar, específicamente por violencia sicológica. Ambas residen en la ciudad de Asunción.
Tras la denuncia, solo días después, Eugenia Acosta ya fue imputada por violencia familiar, se le ordenó una fianza millonaria e, incluso, cuenta con arresto domiciliario, según explicó Guillermo Duarte, el abogado de la madre, en contacto con Última Hora.
Asimismo, indicó que Antonella Galli era la encargada de compras de la empresa, del rubro de productos de uso animal con 36 años operando en el país.
El abogado cuestionó la velocidad con la que la Fiscalía ya imputó a su cliente, ya que la denuncia se presentó el 4 de noviembre pasado y la imputación se dictó el 16 del mismo mes.
Además, dijo que lo más llamativo del caso es que la hija es esposa del abogado Ricardo Sasiain, suplente en el Consejo de la Magistratura del representante de la Universidad Católica, César Ruffinelli.
Mientras tanto, la abogada que impulsó la denuncia contra Eugenia Acosta es Hilda Benítez Vallejos, quien “coincidentemente” —a decir del abogado—, en marzo de este año, cuando se desempeñaba como jueza Penal de Garantías concedió un amparo constitucional promovido por un abogado en representación de una empresa contra la misma Eugenia Acosta.
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Aparentemente, la disputa se inició cuando María Eugenia Acosta descubrió “probables irregularidades”, como el retiro de mercaderías de la empresa, así como la supuesta falsificación de su firma para un despacho de importación ante Aduanas, cometidas supuestamente por su propia hija.
La mujer procedió a pedirle explicaciones por mensajes y posteriormente por colacionados. No obstante, Antonella Galli la bloqueó y terminó denunciando a su madre, quien finalmente fue imputada por violencia familiar por la fiscala Dora Noll, en tanto que el juez penal de Garantías, Yoan Paul López, le ordenó arresto domiciliario, siempre según el relato del abogado Duarte.
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También se impuso una millonaria fianza de G. 4.000 millones, divididos en G. 3.000 millones de fianza real y G. 1.000 millones de fianza personal, a Eugenia Acosta, quien aparte cuenta con siete denuncias por apropiación, que, según Guillermo Duarte, no tienen sustento alguno.
“Es la mayor fianza impuesta hasta ahora en toda la historia jurídica del país por este hecho. Al final, la señora no obtuvo respuestas sobre hechos cometidos contra los intereses de su empresa y está sufriendo ahora un proceso penal que la tiene en arresto domiciliario”, expresó el abogado de la mujer imputada.
Finalmente, indicó que mientras sigue el proceso contra la madre, la denuncia por el supuesto hecho de falsificación de firma contra Antonella Galli está parada en el despacho de la fiscala Claudia Aguilera.
Los camaristas en esta causa son Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos.
“Esto es una cuestión personal y no empresarial”
Por su parte, Hilda Benítez Vallejo, ex jueza y abogada de Antonella Galli, en contacto con Última Hora desmintió la forma en que ocurrieron los hechos, manifestando que el caso se inició en el año 2020, durante la pandemia del Covid-19. Además, aseguró que no se trata de un “caso empresarial, sino de un caso particular”.
En marzo de este año, supuestamente María Antonella le había señalado a su mamá que no podría asistir al trabajo, debido a que se encontraba con síntomas respiratorios, pero que Eugenia comenzó a presionar a su hija para que asistiera de todos modos.
“María Eugenia Acosta ya estuvo procesada por violación de la cuarentena. En marzo de este año Antonella le manifestó que no podría ir a trabajar, pero ella (Eugenia) comenzó a hostigarle, le perseguía. Y en el mal estado que se encontraba, ella (Antonella) le bloqueó (a su mamá)”, explicó la profesional.
Seguidamente, dijo que en ese momento comenzaron una serie de denuncias contra el esposo de Antonella, el abogado Ricardo Sasiain, pero no dio detalles porque no se encuentra trabajando dentro de ninguna de las causas.
En relación con la denuncia por violencia familiar contra María Eugenia Acosta, señaló que en principio la hija no quería proceder a efectivizarla, pero tras la presión que sintió, tomó la decisión de hacer lugar a la denuncia. Por ello, Antonella incluso pidió una orden de restricción contra Eugenia Acosta, según el relato de la abogada.
“Ella (Antonella) me manifestó que no quería denunciarle a su mamá antes, pero como la señora María Eugenia no cumplió la orden de restricción, así como tampoco le dejó entrar a la empresa para cumplir con sus funciones, le denunció”, expresó Benítez Vallejo.
Asimismo, habló sobre la forma de actuar del abogado de la madre, Guillermo Duarte, quien insinuó que ella se encuentra procediendo incorrectamente.
“Yo siempre respeté al abogado Duarte, pero hoy me extraña la forma de actuar del doctor, que lo hace de manera personal. Yo jamás fui destituida (de su cargo de jueza), no fui confirmada en el cargo, pero no tengo ningún antecedente negativo en mi historial”, se defendió la profesional, calificando de “discriminatorias y machistas” las aseveraciones de Duarte.
Benítez lamentó que un caso particular y “muy íntimo” se haga público a través de medios masivos, asegurando que con la difusión “se está victimizando nuevamente a una madre”.
“La señora Antonella es una madre que creció en una familia disuelta. Vivió toda la vida subyugada a su mamá. Siempre fue muy dominante hacia su única hija. Lastimosamente, María Eugenia contrató los servicios de un hombre sin escrúpulos. Acá no es una cuestión empresarial, acá hay una cuestión personal y familiar”, lamentó la abogada.
En cuanto al monto de la fianza, dijo que no es un valor notorio, teniendo en cuenta que se trata de personas con capacidad económica, y aseguró que María Antonella no pidió ni solicitará la prisión preventiva de su madre.
“Justamente ella por ser hija, ella me dijo que no les va a decir a sus hijos que pidió la prisión de su abuela, pese a que vive atosigándole, pero pedimos todas las garantías. Queremos que se garantice que ella (la madre) se someta al proceso, ni siquiera pedimos prisión preventiva”, finalizó la abogada Hilda Benítez Vallejo.
