De esta manera, la causa quedó destrabada y ahora se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas contra el locutor conocido como “El Número 2” y otras 14 personas procesadas en la causa por diversas presuntas irregularidades en la administración de la Gobernación de Central.
Días atrás, los abogados defensores de Hugo Javier, Andrés Casati, Fausto Portillo y Arturo Daniel, presentaron un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la jueza María Elena Cañete, alegando que la magistrada no tiene competencia en la causa, por lo que proponían que sea apartada en el caso.
Con esta acción, los abogados del gobernador de Central lograron incurrir a un incidente dilatorio logrando chicanear el proceso y evitando la realización de la audiencia de imposición de medidas para los procesados.
Además de la fecha para su audiencia, Hugo Javier aguarda la notificación de la Fiscalía para su audiencia indagatoria ante la Unidad del agente fiscal anticorrupción Rodrigo Estigarribia. Esta diligencia también fue suspendida debido a que los abogados defensores del gobernador solicitaron copia y plazo para preparar la defensa.
salvado. El colorado cartista Hugo Javier fue salvado el pasado 15 de diciembre por la Cámara de Diputados, que con el respaldo de los integrantes de las bancadas de Honor Colorado y Añetete finalmente rechazó la intervención de la Gobernación del Departamento Central y el documento pasó al archivo.
Con 42 votos en contra de la intervención, 31 votos a favor y 7 diputados ausentes los colorados decidieron blanquear al gobernador, a pesar de las graves denuncias de presuntas irregularidades en su gestión y dos investigaciones fiscales.
la causa. La Fiscalía imputó el 1 de noviembre pasado a Hugo Javier y 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por “obras fantasmas”.
Entre los demás imputados figuran Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP; Paulino De Los Santos Palacios Recalde, tesorero de la misma organización, y Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP.
Además fueron incluidos Lourdes Verónica Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación; Armando Adolfo Soler Espínola, secretario de Obras Públicas de la Gobernación, y Luis Eduardo Allende Araújo, ex jefe de Tesorería de la Gobernación.
La lista continúa con Édgar José Zaracho Quintana, asesor jurídico general de la Gobernación; Guido Rolando Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto de la Gobernación, y Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas. También los contratistas José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez; al igual que Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe del Departamento de Fiscalización de Obras de la Gobernación.
G. 5.105
millones fue el desembolso de la Gobernación para obras y pavimentación, pero el proyecto nunca existió.