El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas María Teresa González de Daniel, Óscar Rodríguez Kennedy y Guillermo Zillich.
Los mismos ratificaron la sentencia dictada en el juicio oral el 23 de diciembre de 2021, por las juezas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.
Además de Cárdenas, también confirmaron la pena de 6 años de encierro para Guido Fernando Salcedo Díaz, ex director de Administración y Finanzas de la Comuna; y 3 años de cárcel para Carlos María Mendieta Candia, ex jefe de Obras, además de Alejandrino Duarte Centurión, ex titular de la firma ADC Construcciones. Este último fue hallado culpable de actividades peligrosas en la construcción.
Cárdenas fue declarado culpable de causar un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos de royalties provenientes de la Itaipú Binacional, que fueron transferidos a la Municipalidad de Lambaré en 2016.
Además, en el juicio oral se comprobó que los ex funcionarios actuaron en concordancia con el ex intendente de Lambaré. Dentro del juicio se había señalado que no se sabe cuáles fueron los móviles del condenado.
En la apelación, las defensas pedían anular el fallo ya que se violaron las reglas de la sana crítica, hubo fundamentación insuficiente, errónea aplicación de la ley, entre otros.
Por su parte, los fiscales Luis Said y Teresita Torres solicitaron que se confirmara la resolución dictada en el juicio oral y público.
En el fallo de 91 páginas, los camaristas analizaron los argumentos de cada uno de los apelantes. Finalmente, concluyeron que se respetaron las reglas del debido proceso, que el fallo estaba bien fundado y que no hubo mala aplicación de la ley.
Con ello, por voto unánime de los camaristas, la condena de cárcel para los cuatro procesados fue confirmada en todos sus puntos.
Ahora, a la defensa le queda recurrir a la Sala Penal de la Corte con un recurso extraordinario de casación; o, en su caso, una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
En setiembre de 2021, Cárdenas recibió 4 años de cárcel por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré y un daño patrimonial de G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fonacide, que fueron anulados.
También tiene otras dos condenas de 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, una por lesión de confianza por alrededor de G. 8.000 millones, y otra, por usurpación de funciones públicas.
