11 jul. 2025

Condenados por vender por kilo expedientes en custodia

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Por kilo. Dos funcionarios del Ministerio Público fueron condenados en juicio oral.

ARCHIVO

Dos funcionarios del Ministerio Público fueron condenados en juicio oral porque trituraban las carpetas fiscales y expedientes que tenían en custodia en el depósito de la institución, para luego vender el papel por kilo.

Los sentenciados a dos años de cárcel, con la suspensión de la ejecución de la condena por 3 años, fueron Leticia Aideé Núñez Méndez y Freddy Joaquín Domínguez Oviedo, quienes se desempeñaban como coordinadora y jefe, respectivamente, del Departamento de Digitalización en el Centro de Documentación del Ministerio Público.

La sentencia, que fue dictada en el juicio oral, ahora fue confirmada en forma unánime por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas.

En juicio oral, el 22 de diciembre del 2023, los jueces Manuel Aguirre Rodas, Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz los declararon culpables del delito de quebrantamiento del depósito. Según se probó en el juicio oral, los funcionarios dispusieron la destrucción de los documentos originales como de las copias que fueron entregados para su guarda y custodia en el Centro de Documentación.

Entre los documentos estaban expedientes judiciales, carpetas de investigación y los documentos administrativos, los que estaban en bolsas platilleras.

Según se constató, los mismos ordenaron a la funcionaria Rocío Burgos que quitara los corchetes, y luego los metiera en la trituradora. Después, los papeles picados eran metidos en bolsas platilleras las que eran llevadas luego en la camioneta de Núñez para la venta por kilo.

El 29 de noviembre del 2019, directivos del Ministerio Público, encabezados por el inspector general Eulalio Ramírez, se constituyeron en el lugar y hallaron los documentos triturados, que eran sustraídos para su venta por kilo, según se constató.

RECURSO. El fallo fue apelado por el defensor público Francisco Acevedo, por Domínguez Oviedo, y por la defensora pública Fátima Paniagua, en representación de Núñez Méndez.

Las defensas solicitaron la nulidad de la condena y el reenvío para un nuevo juicio oral, por mala aplicación de la ley, violación de las reglas de valoración y falta de fundamentación.

Los agentes fiscales, al contestar el traslado, requirieron la confirmación de la sentencia dictada en el juicio.

Ya en el análisis de los camaristas, entendieron que el fallo se ajustaba a derecho, ya que se expuso fundadamente los motivos que los llevaron a las condenas, por lo que lo ratificaron.

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