La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) emitió un comunicado por el cual rechaza y pide al Poder Ejecutivo vetar el proyecto de ley que obliga a los emblemas a publicar la estructura de costos del diésel común o gasoil tipo III y fija precios mínimos y máximos para la venta de dicho carburante.
Según refiere la institución, desde que se presentó la propuesta inicial en la Cámara de Senadores, que luego tuvo modificación en la Cámara de Diputados, ya había advertido sobre los “riesgos” que podría generar la iniciativa para la competencia en el mercado.
“En la opinión, el directorio concluyó que el proyecto de ley establece barreras a la competencia que no se encuentran plenamente justificadas al disponer que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) determine la estructura de costos del gasoil tipo III y los precios máximo y mínimo de venta al público”, sostuvo.
Además, señaló que dichas “barreras” son “injustificadas”, ya que no confían en que con esto se pueda cumplir de forma efectiva con el objetivo de responder a la suba de precios de combustibles por el método de cálculo, así como sostiene que solo beneficiaría a ciertos competidores.
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“Por no observarse de la información pública disponible que existan estudios técnicos que avalen los beneficios y costos de la medida; por existir alternativas legales para la investigación y eventual sanción de conductas anticompetitivas que puedan incidir en la situación, y por contribuir a un ambiente que favorecería a ciertos competidores en el mercado”, añade.
Alega también que, con esto, se establecería legalmente que las empresas privadas no puedan tener costos menores que Petróleos Paraguayos (Petropar), que “está sujeta a externalidades que la pueden tornar menos ineficiente en la práctica por su condición como empresa pública”.
“Se facilitaría, con el aval estatal, la colusión entre competidores para fijar los precios en base a los parámetros aceptados por el proyecto de ley y que se crearía un sistema de alzas y bajas artificiales de los precios del combustible, que podría ser atacado como inconstitucional en virtud de la prohibición expresa contenida en el artículo 107 de la Constitución Nacional”, finaliza.
Diputada criticó proyecto de ley
La diputada liberal Celeste Amarilla ya había cuestionado el proyecto de ley durante su tratamiento en la Cámara Baja y señaló que pidió la opinión de la Conacom.
Al respecto, sostuvo que las empresas obligadas a vender por un precio determinado podrían reducir la calidad del servicio, por lo que esto supuestamente terminaría perjudicando al consumidor, y que el Estado se convertiría en un regulador de precio, “distorsionando la economía de libre mercado”.
“Prácticamente vamos a obligar a los empresarios a mentir en sus costos porque no va a haber ninguno que va a perder dinero por esto. Los empresarios van a mentir y van a poner un costo diferente, van a asociarse entre ellos en contra de esta ley y se va a sentar un precedente para que después empecemos a fijar el precio del pan, de la vivienda, del jugo”, aseveró.
Un proyecto muy debatido en el Congreso
El proyecto de ley que establece medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del gasoil tipo III y fija precios mínimos y máximos para su comercialización fue aprobado el 14 de junio pasado, con lo que tuvo sanción en el Congreso.
El documento pasó por cuatro trámites constitucionales en el Congreso Nacional, ante las versiones dispares que se presentaron en ambas cámaras.
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El Senado había planteado que la estructura de costos sea socializada en su totalidad, mientras que Diputados modificó la propuesta y propuso que solo se publique lo relacionado con el diésel común y que sobre esa base se fijen los precios mínimos y máximos del carburante.
Posteriormente, los senadores se ratificaron en su versión y pasó nuevamente a la Cámara de Diputados, donde se volvieron a ratificar en su modificación. Ahora, se espera que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo apruebe o lo rechace.
