Tras varias vueltas en el Congreso Nacional, finalmente la Cámara de Diputados sancionó este miércoles el polémico proyecto de ley “que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, es decir, que sea de acceso público.
No obstante, los legisladores de la Cámara Baja se ratificaron en su versión, aprobando las modificaciones a un acápite, con lo que se establece transparentar solamente la estructura de costos del gasoil tipo III o diésel común.
El documento ya debía ser estudiado en dos ocasiones de mayo pasado, pero primero los diputados dejaron sin cuórum una sesión, mientras que en la siguiente decidieron postergar nuevamente el punto, a la espera de un nuevo dictamen técnico.
En esa oportunidad, Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), había exigido que para el tema sea aplicada la ley de conflicto de intereses o puertas giratorias, argumentando que varios parlamentarios son propietarios de estaciones de servicios.
Por ello, apenas se inició el debate este miércoles, la colorada Jazmín Narváez dijo que se abstendrá de votar.
Seguidamente, la diputada liberal Celeste Amarilla cuestionó el proyecto y señaló algunos puntos que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) planteó con relación a la propuesta, tras haber pedido una opinión a la entidad.
Sostuvo que las empresas obligadas a vender por un precio determinado podrían reducir la calidad del servicio, por lo que esto supuestamente terminaría perjudicando al consumidor, y que el Estado se convertiría en un regulador de precio, “distorsionando la economía de libre mercado”.
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“Es una ley que viola absolutamente todos los principios de la economía de libre de mercado. Todos los principios de la doctrina liberal a la que supuestamente este país se adscribe. (…) Vamos a entrar en un direccionamiento de Estado. Basta de populismo”, expresó, añadiendo que también existe la posibilidad de que la información brindada por las empresas sea falsa.
“Prácticamente vamos a obligar a los empresarios a mentir en sus costos porque no va a haber ninguno que va a perder dinero por esto. Los empresarios van a mentir y van a poner un costo diferente, van a asociarse entre ellos en contra de esta ley y se va a sentar un precedente para que después empecemos a fijar el precio del pan, de la vivienda, del jugo”, afirmó.
Celso Kennedy, también del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), señaló que la ley se convertiría en un mero proceso burocrático para la compra o importación de los combustibles y que no especifica siquiera quiénes deben cumplirla. No obstante, señaló que la modificación planteada por la Cámara de Diputados es más amplia que la del Senado.
Por su parte, el colorado Basilio Bachi Núñez primero cuestionó que los legisladores se tengan que abstener de votar por la ley de puertas giratorias, alegando que no son funcionarios públicos, pero luego manifestó que la bancada de Honor Colorado se ratifica en apoyar la versión de Diputados para transparentar la estructura de costos.
Durante su intervención, Kattya González defendió la propuesta de transparentar la estructura de costos y calificó de “estupidez” principalmente los argumentos que planteó la diputada Amarilla.
“Esta es una ley de transparencia de costos de manera a saber por qué cuesta lo que cuesta y no convertir en un oligopolio. Yo comprendo que este tema genera hasta el debate irrespetuoso y hasta la mentira para justificar lo que es absolutamente injustificable. Nosotros tenemos derecho a saber por qué cuesta lo que cuesta”, expresó González.
Con relación a la Ley 7089, de conflictos de intereses, recordó que está vigente, por lo que no es opcional su cumplimiento. Si bien dijo que no se puede obligar a que las personas cumplan con una normativa, aseguró que los parlamentarios no están exentos.
El liberal Rodrigo Blanco señaló que en este momento urge que toda la ciudadanía sepa cómo funciona el mecanismo de la compra de combustibles, pese a que lamentó que se tenga que estar estudiando la propuesta. “Si la Conacom y la Sedeco (Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario) hacían su trabajo, no íbamos a estar transparentando”, señaló.
Senado planteó transparentar estructura de todos los combustibles
El proyecto pasó por cuatro trámites constitucionales en el Congreso Nacional, ante las versiones dispares que se presentaron en ambas cámaras.
El Senado había planteado que la estructura de costos sea socializada en su totalidad, mientras que Diputados modificó la propuesta y propuso que solo se publique lo relacionado al diésel común y que sobre esa base se fijen los precios mínimos y máximos del carburante.
Posteriormente, los senadores se ratificaron en su versión y pasó nuevamente a la Cámara de Diputados, donde se vuelven a ratificar en su modificación, recomendada por la Comisión de Legislación y Codificación.
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Con la propuesta se busca fijar los precios mínimos y máximos del gasoil común para evitar el alza o baja artificiales que traben la libre concurrencia; que la estructura de costos sea determinada mensualmente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), autoridad de aplicación y control, en guaraníes, por litro y conforme a componentes de una tabla fijada.
También establece multas por el incumplimiento de la remisión de la información solicitada o de información falsa, que será de hasta 1.000 jornales mínimos diarios, previo sumario administrativo.
El emblema que comercialice el gasoil común a un precio superior al valor que resulte será sancionado con una multa equivalente al importe de guaraníes por litro en que el precio de venta de dicho producto exceda el margen de precio máximo determinado.
