El Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) se expidió este martes mediante un escrito respecto a la recientemente promulgada Ley 6900, que otorga un subsidio al diésel común o tipo III y a la nafta 93 que comercializa Petróleos Paraguayos (Petropar).
Al respecto, la institución manifestó que dicha normativa no cumple “con los principios de una regulación económica eficiente de proporcionalidad y neutralidad o no discriminación que justifiquen plenamente la intervención estatal, por lo que la misma devendría contraria a la Ley de Defensa de la Competencia”.
Asimismo, desde la Conacom señalaron que no fueron consultados durante el análisis del proyecto, como lo habían realizado en ocasiones anteriores, por lo que recomendaron al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional realizar un estudio de su impacto económico e, incluso, en caso de encontrar que no cumple con los principios mencionados, proponer su modificación o derogación.
¿Qué establece la ley de subsidio a Petropar?
Se trata de la Ley 6900, que dispone medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel o gasoil tipo III y nafta de 93 octanos por Petróleos Paraguayos, a través de su red de estaciones de servicios habilitadas bajo el emblema Petropar; medidas de racionalización del gasto público y otras, orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para la provisión de combustibles derivados del petróleo.
Mediante la normativa, el emblema estatal puede reducir los costos de ambos tipos de carburantes en todas sus redes de estaciones de servicios mientras dure su vigencia. Para compensar la reducción, se establece la eliminación de todos los cupos de combustible que beneficiaban a las autoridades públicas, a fin de redireccionar esos recursos al subsidio.
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Asimismo, decreta que la financiación se hará con reajustes del impuesto selectivo al consumo (ISC) a los propios combustibles y que Petropar dejará de realizar transferencias al Tesoro Público, lo que representa aproximadamente USD 2 millones por mes para compensar los fondos.
También se incluye que Petropar pueda empezar a comprar carburantes directamente de los países productores, exceptuando a los gobiernos extranjeros de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, para abaratar los costos de importación. Con esto se espera que el precio de venta sea menor en el país.
La reciente ley promulgada tendrá un plazo máximo de 90 días, mientras se espera que los precios se reduzcan a nivel internacional.
Teniendo en cuenta que la normativa solo subsidia el diésel común y la nafta 93 de Petropar, los emblemas del sector privado comenzaron a aplicar medidas de fuerza, debido a que consideran que hay una falta de equidad y que Petropar les hace una competencia desleal.
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Ante ello, la Cámara de Senadores aprobó este martes un préstamo de USD 100 millones con el que se pretende beneficiar con un subsidio al sector privado. La propuesta crea un fondo que estabiliza los precios de los combustibles, así como ya se había planteado anteriormente.
Debido a las manifestaciones del sector de los camioneros, conductores de plataformas alternativas de viaje, taxistas, campesinos y hasta de estudiantes que reclamaban la reducción de los precios de los combustibles, el Gobierno se vio obligado a buscar una alternativa para atenuar las constantes subas.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo planteó un proyecto de ley que crearía un fondo de estabilización para subsidiar los combustibles tanto en la petrolera estatal Petropar como en los emblemas privados para que estos reduzcan sus precios. Sin embargo, la propuesta fue descartada y se promulgó la ley de subsidio solo a Petropar.
