Universalizar el programa de alimentación escolar, que en plena pandemia no alcanza ni al 20% de los estudiantes en cuanto a almuerzo y solo llega al 40% en cuanto a la merienda, es uno de los objetivos del proyecto de ley que busca declarar emergencia educativa nacional y que grava el impuesto a las grandes fortunas.
Fue lo que declararon ayer los proyectistas y representantes de gremios de docentes durante una audiencia pública virtual para debatir sobre el tema.
Los representantes del Ejecutivo, el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y el viceministro de Tributación, Óscar Orué, se mostraron en contra de la iniciativa, alegando prudencia, el primero, y el segundo, una supuesta inconstitucionalidad de la normativa.
Blanca Ávalos, de la OTEP-SN, indicó que el programa de alimentación es uno de los instrumentos para garantizar el derecho al acceso y a la permanencia en la educación de los niños, niñas y jóvenes. “Acaso no es inconstitucional que miles de niños no puedan acceder hoy a la educación o que no tengan acceso a la conectividad, a la tecnología para hacer las tareas”, se preguntó la educadora.
El viceministro Orué interpretó que el anteproyecto es inconstitucional debido a que plantea un doble gravamen cuando el sector más rico del país ya paga otros tributos.
Alumnos del colegio privado San José se mostraron a favor de la propuesta, afirmando que es necesaria una mayor inversión para mejorar la calidad en el sector.
Protestas. En cuanto al anteproyecto de presupuesto del MEC para el 2022, representantes de sindicatos de docentes protestan hoy en el microcentro y frente al MEC, debido a un nuevo tijerazo que alcanza los G. 146.000 millones. El año pasado ya hubo disminución en el presupuesto educativo, con una reducción de USD 5 millones.
Las áreas más afectadas en estos dos años son infraestructura escolar, gratuidad y el programa de alimentación escolar. El MEC alega que deben respetar tope presupuestario.
