El hecho, igualmente, es un atentado directo contra el trabajo serio y honesto de funcionarios de la Justicia; busca herir de muerte el coraje y el compromiso de los fiscales serios y honestos del Paraguay, sobre todo, en lo referente a casos relacionados con el narcotráfico.
El macabro asesinato ocurrido en Colombia deja en claro que con el crimen organizado y el narcotráfico no se debe negociar ni convivir, en ningún caso; jamás. Sus tentáculos son tan destructivos como invisibles. Para estas estructuras de muerte y terror, retroalimentadas mediante tantas miserias y necesidades humanas, no existen fronteras, tampoco espacios de poder en los cuales carezcan de alguna influencia; y, lo que es peor, no tienen ningún respeto a lo más sagrado: la vida humana.
En Paraguay, como en tantos países, hemos dejado crecer al monstruo del crimen organizado. Al principio, parecía no molestar. Anestesiados por la plata dulce, manchada en sangre, se fue cediendo terreno a narcoganaderos, narcoempresarios, narcopolíticos. Y con ellos, a clanes y matones que hoy ponen en riesgo la vida de ciudadanos comunes, en la vía pública, un concierto o la salida de algún centro comercial.
Y este monstruo, casi imperceptible en el cotidiano, seguirá creciendo mientras se tenga una mirada complaciente o indiferente hacia las actividades ligadas a estas estructuras; incluso hacia la plata sucia que circula en nuestro medio, y que permite subsistir a muchos, convertirse en millonarios, a otros, quizás generar empleos o llegar a un escaño parlamentario. El saneamiento tiene un costo social que debe asumirse.
Este monstruo, hoy ya más crecido que en sus inicios en los años 80, se aprovecha de la pobreza, la ignorancia, el debilitamiento de las familias y la ausencia del Estado.
Este luctuoso suceso debe impulsar acciones concretas y urgentes, como depurar y fortalecer las instituciones de control y lucha contra el crimen organizado, generar fuentes de empleo en zonas vulnerables, invertir en la instalación de radares para el control del espacio aéreo nacional, altamente vulnerable; el bloqueo total de clanes criminales en las penitenciarías que hoy gozan de privilegios; operaciones especiales permanentes en zonas fronterizas y áreas urbanas donde se instalan este tipo de agrupaciones asesinas, control del financiamiento de partidos políticos, entre otras tantas que se pueden y deben realizar de manera urgente. Solo hace falta dimensionar la gravedad del fenómeno, además de voluntad política y el interés por sanear la política y la economía paraguayas de esta lacra asesina.
Hablamos de una señal que debe ser tomada en serio por las autoridades y la sociedad. Ya son varios los hechos que dejan en evidencia que el sicariato y la mafia van ganando terreno a nivel local.
Urge comprender que este peligroso crecimiento exponencial, si continúa, será sin retorno. Solo es cuestión de observar lo que tristemente ocurre en otras naciones de nuestro continente.
Una diputada afirmó que el 80% de los parlamentarios responden al crimen organizado”. Por su parte, el director paraguayo de la entidad Yacyretá aseguró que “Paraguay es el mayor centro de lavado de dinero de la región”. Está claro que en estas condiciones no se puede continuar.
Tolerar, negociar y/o convivir con el crimen organizado, con el silencio, la inacción o la complicidad, tiene un costo extremadamente alto para cada habitante del Paraguay; uno que tarde o temprano se debe abonar; un precio que incluso se paga con la vida misma o con la muerte en vida, como es el caso de quienes terminan esclavos de estos grupos marginales, sobreviviendo entre drogas, clanes y prácticas de muerte.
