El líder comunitario Eustaquio Ávalos denunció ante el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) la situación crítica que enfrentan las familias asentadas en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el distrito de General Bruguez, Departamento de Presidente Hayes.
La preocupación se intensifica ante el avance del Programa de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY12, tramo Cruce Nanawa – General Bruguez, una obra de gran envergadura que contempla la ampliación del derecho de vía —de entre 25 y 50 metros de ancho según el sector—, construcción de nuevos puentes, drenajes y pasos de fauna, entre otras mejoras.
El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión aproximada de US$ 230 millones, no habría contemplado, según denuncian, la afectación directa a la comunidad ni previsto fondos específicos para la compra de tierras que permitan su reubicación definitiva.
Ávalos advirtió que las obras podrían desplazar a las familias, dejándolas sin espacio para habitar ni desarrollar sus actividades cotidianas.
“Llevamos tres décadas en condiciones infrahumanas, sin salud ni vivienda digna. Los niños crecen analfabetos porque el MEC no puede construir escuelas en terrenos sin título. ¿Cómo vamos a tener título si ni siquiera tenemos acceso a la tierra?”, cuestionó el dirigente durante la reciente asamblea ordinaria de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh).
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La comunidad sostiene que la falta de regularización territorial les impide acceder a servicios básicos esenciales como educación, salud y vivienda adecuada.
Durante la asamblea, se reiteró al presidente del Indi, Hugo Samaniego, la necesidad urgente de adquirir tierras para la comunidad, en particular, mencionaron la Estancia Teko Katú, ofrecida al INDI desde el año 2023.
Si bien la extensión del inmueble sería menor a lo establecido por la Ley 904/81 —que regula el estatuto de las comunidades indígenas—, los líderes consideran que representaría un paso fundamental para garantizar el arraigo comunitario y mejorar las condiciones de vida, sin renunciar a sus derechos territoriales establecidos por ley.
La comunidad Tooshe Qaltaq afirma que el Estado ha postergado durante años una solución estructural, manteniéndolos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Mientras avanzan las obras viales financiadas con recursos internacionales, las familias Qom temen que el desarrollo llegue sin contemplar su derecho fundamental a la tierra y a una vida digna.
