Carlos Oviedo | Carapeguá
El fiscal anticorrupción, Aldo Cantero, encabezó una investigación encubierta con orden judicial, donde se comprobó que mediante el pago de 170.000 guaraníes, cualquiera podía obtener el certificado de la ITV, sin la presentación ni siquiera del rodado.
El procedimiento condujo a la demora de dos funcionarios y al propietario del taller, quienes fueron imputados por cohecho pasivo agravado.
Ante la circunstancia, los ediles acordaron por unanimidad dar a conocer un comunicado por el cual deslinda toda responsabilidad en la instalación y funcionamiento del Taller Yhaguy, con el aval de una supuesta ordenanza número 07/2012 que no corresponde a la finalidad enunciada.
La ordenanza publicada corresponde a una reprogramación presupuestaria del año pasado, mientras que el proyecto para la instalación del taller para la ITV, no tiene promulgación y por lo tanto no tiene validez jurídica cualquier compromiso que haya asumido el intendente con la empresa Yhaguy.
Cabe recordar que el intendente Isabelino Silva había alegado que el contrato con el taller contaba con el aval de la Junta Municipal y habilitado por la Corte Suprema de Justicia y que la responsabilidad es exclusiva de los funcionarios que cometieron el supuesto hecho de corrupción.
