Ante este riesgoso panorama, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, aseguró que apelarán cada fallo y llegarán hasta las últimas consecuencias para desestimar o dejar sin efecto cada una de estas acciones que en principio les son desfavorables.
CASOS. En lo que respecta a la empresa Ivesur, beneficiada por el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay por incumplimiento municipal en la exigencia de la inspección técnica vehicular (ITV) a vehículos que ingresan a Asunción y que fijó multa por G. 18.000 millones, el profesional explicó que aguardan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un pedido de reconstitución del expediente.
“Advierto que pensamos llegar a una acción de inconstitucionalidad contra el fallo del tribunal arbitral porque hay errores sustanciales”, insistió.
Sobre el tema Parxin, comentó que fueron demandados por la aseguradora El Comercio, que quiere cobrar el seguro de la póliza por G. 3.000 millones. “Como institución somos nosotros los que reclamamos el pago de ese seguro porque la situación no fue generada por la Comuna sino por la CGR, que se opuso a la adjudicación del servicio de estacionamiento tarifado y ordenó rescindir contrato”, dijo.
Admitió que se debe analizar muy bien una rescisión con Empo, que maneja Cateura, atendiendo que un paso en falso puede significar igualmente otra demanda contra la institución municipal. “Le exigimos una planta de transferencia y hoy la están haciendo. Levantaron los muros de su pileta de lixiviado y no hay riesgo de contaminación del río. Ya tienen para su relleno sanitario en Villa Hayes, pero está con problemas judiciales. Es un tema que se debe estudiar muy bien”, apuntó.
Se refirió a un viejo caso de litigio con la Federación Paraguaya de Básquetbol, que pretende una suma de G. 10 mil millones en reclamo de su estadio que estaba ubicado en la zona del Congreso. “Es una montaña de dinero pero hay gestiones para que se le otorgue en compensación un terreno en la Costanera II. La Federación se encargará de la construcción”, mencionó.
LICENCIAS. En otro momento, el asesor jurídico dijo que apelarán la multa de G. 785 millones aplicada por la Seam por falta de licencia ambiental y de mala gestión en el manejo de residuos en el Abasto. Aquí también están sumariados la Dirección de Planta Asfáltica, la Terminal de Ómnibus, los cementerios de la Recoleta y del Este, el Mercado 4 y el Jardín Botánico, que ponen en similar peligro a la Comuna asuncena.
El director de Gestión Ambiental, David Cardozo, sostuvo que “en 2016 se revisó toda la situación y se encontró que las licencias ambientales estaban vencidas: Comunicamos a las direcciones para adecuarse y empezar a presupuestar el trabajo de consultoría. El trabajo es muy lento”.
Ramírez Montalbetti agregó que “vamos a revertir legalmente todo. Si los resultados no satisfacen iremos a lo contencioso administrativo”.