Ayer tuvo lugar la primera reunión de trabajo entre representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el fin de entablar “acciones conjuntas para garantizar”, precisamente, “las competencias de los egresados de carreras de Medicina para la habilitación del ejercicio profesional”, expuso el Lic. Ariel Bado, director de la Dirección General de Universidades, Institutos Superiores e Institutos Técnicos Superiores del Viceministerio de Educación.
Junto a autoridades de la Dirección Nacional Estratégica en Recursos Humanos de Salud (Dnerhs) buscarán determinar las acciones más efectivas para que los médicos habilitados para el ejercicio de la profesión “realmente cuenten con esas competencias que requerimos en la sociedad y no exponer a la sociedad en general a profesionales que no tengan esas competencias”, manifestó. Para el efecto, prevén analizar temas como las prácticas hospitalarias, el cumplimiento de normativas establecidas por Salud y dialogar con el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes); así como del gremio médico señalado que convocaron a una rueda de prensa hace poco para manifestar su preocupación sobre la formación de los futuros médicos.
“El cierre y la clausura (de carreras) –dijo– son competencias exclusivas del Cones. Ahora bien, entendemos que si eventualmente algunas ofertas académicas o carreras no cuentan con las condiciones requeridas estimo que avanzaremos en esa línea”, avisó.
La Dra. Cristina Caballero, directora de la Denhers, acotó que desde el año pasado vienen trabajando con diferentes mesas técnicas relativas a la formación de los recursos en salud. “Es de nuestro interés garantizar esas competencias de los profesionales y todos los procesos que desde nuestra responsabilidad ayuden a lograr ese fin”, refirió.
La práctica médica –explicó– forma parte del proceso de acreditación y la Aneaes exige que cada entidad educativa tenga un campo de práctica.
“La institución formadora debe mostrar y cada seis meses estamos pidiendo los avances; si la institución no progresa o no avanza en los procesos pertinentes no se procede a la renovación del convenio o queda sin efecto si es que no da cumplimiento”, aseveró.