La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas en vísperas del comienzo de la cumbre, la crisis política y económica mundial generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Israel en Gaza y las presiones de los intereses petroleros encabezadas por Arabia Saudí descafeinaron una COP29 que se limitó a empujar el balón hacia delante, hacia la COP30 que se celebrará el próximo año en Belém (Brasil).
El acuerdo final llegó avanzada la pasada madrugada, tras una jornada especialmente caótica, en un foro cuyo modelo, tras casi 30 años de conferencias de las partes, parece a estas alturas agotado o, al menos, ese fue uno de los comentarios recurrentes en Bakú.
Fueron varias las claves en la negociación de esta edición, como el caso de la financiación, cuyo punto más importante era la definición del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG por sus siglas en inglés), referente al incremento de los fondos que los países más desarrollados debían acordar con destino a los menos desarrollados.
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La cifra fijada en el Acuerdo de París ascendía a USD 100.000 millones anuales a nivel global y fue definida en 2009, aunque comprometida en 2015, por lo que la idea era elevarla considerablemente, aun teniendo en cuenta que nunca se llegó a desembolsar esta cantidad.
Las estimaciones internacionales hablaban de la necesidad de un incremento superior al billón de dólares, que además debería desembolsarse vía subvenciones y con fondos públicos.
Sin embargo, el compromiso firmado en Bakú se limita a USD 300.000 millones, incluyendo operaciones e inversiones del sector privado, flujos de bancos multilaterales de desarrollo y otras operaciones y fuentes alternativas.
Carbono
Pese a los llamados, especialmente de la ONU, para reducir las emisiones de CO2, estas continúan aumentando prácticamente sin control, especialmente en Asia.
Para manejar esta circunstancia fueron creados los mercados de carbono a partir del artículo 6 de los Acuerdos de París –basados en el concepto de que “quien contamina, paga” y asignando un precio a las emisiones de cada país con la posibilidad de compraventa de derechos– y el planteamiento inicial era actualizar la herramienta.
Al comienzo de la COP29 se anunció un impulso a este tema, pero el mecanismo como tal sigue generando dudas: Por ejemplo, ante la doble contabilización que en el pasado llevó a países que compraban sus bonos y a los que vendían a contabilizar como propia una sola reducción de emisiones.
Adaptación
El texto relacionado con la adaptación no es muy novedoso, pero cumple algunas de las exigencias de la sociedad civil como el establecimiento de indicadores de progreso y un punto permanente en las agendas de futuras cumbres.
Aunque generalmente el concepto de vulnerabilidad se aplica a países en vías de desarrollo como los africanos o los insulares, lo cierto es que muchos de los llamados países ricos también lo padecen, como se vio recientemente con las devastadoras inundaciones en España.
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La diferencia es que los países en desarrollo disponen de muchos menos recursos para enfrentar las catástrofes naturales y por eso se creó el Fondo de pérdidas y daños que según algunas estimaciones debería ser de unos 400.000 millones anuales, aunque hasta el momento no llega ni a los 1.000 millones.
Mitigación
La COP28 de Dubái introdujo por primera vez una referencia a la necesidad de reducir las energías fósiles –que figuran entre los principales acusados de generar el cambio climático– para sustituirlas por las renovables de aquí a 2030, y la idea era que la COP29 de Bakú consiguiera un consenso internacional en ese sentido.
Aunque las energías renovables continúan expandiéndose, especialmente en Europa, el texto sobre mitigación no incluyó compromisos claros. De hecho, ni siquiera hay mención a la gradual eliminación de los fósiles como sucedió en el documento del año pasado.
En cuanto a las contribuciones nacionales determinadas (NDC) o planes de reducción de emisiones de cada país, deben ser actualizados antes de febrero de 2025, pendientes también de los informes de transparencia bienales que deben aportar los respectivos gobiernos, pero son pocos los gobiernos que ya presentaron a estas alturas. EFE
