“Consideramos que ni siquiera era necesario que el Juzgado solicite el pedido de desafuero, atendiendo a que se trata de un delito más allá de su tarea específica que hoy día ejerce el contralor general, porque se trata de un delito común, que no está establecido en la norma”, señaló el diputado Ramón Romero Roa.
El legislador indicó que la mesa directiva de la Cámara Baja definirá cuándo será analizado el desafuero de García.
El fiscal Leonardi Guerrero imputó al contralor general de la República, Enrique García por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso, por los antecedentes del conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico antes de ser designado contralor.
La empresa Ivesur había ganado a la Comuna una demanda sobre indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a la capital.
La condena establece el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso.
La causa había sido investigada, en principio, por la fiscala Nadine Portillo, quien fue separada de su cargo por el escándalo de los audios. Incluso, en uno de los audios filtrados ella comenta a Fernández Lippman que la pareja de Enrique García, Romina Rolón, la visitó para pedirle que beneficie al contralor.
