Esto, luego de que la Sala Penal de la Corte declarara inadmisibles los recursos extraordinarios de casación de los condenados por enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
Es la segunda pena en contra del ex comisario, quien también fue presidente de la Cooperativa 8 de Marzo, ya que cuenta con una condena de 9 años de prisión por estafa y lesión de confianza, por el caso del negociado de la carne de la Policía Nacional.
La resolución de la Corte fue dictada de manera unánime por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y César Garay.
La defensa planteó casación contra el acuerdo y sentencia del Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Delio Vera, del 20 de abril del 2017.
Esta resolución, a su vez, había confirmado la condena dictada en un segundo juicio oral, el 17 de agosto del 2016, en contra de los dos acusados.
RECURSOS. Los abogados Juan Carlos Jara y Guillermo Casco, en representación de García Balmaceda y Penayo Leguizamón, atacaron las dos resoluciones.
Sin embargo, los ministros indicaron que la reprochabilidad estaba firme, ya que una primera apelación solo anuló la pena impuesta, pero no la reprochabilidad.
Con ello, apunta que no pueden expedirse sobre los argumentos que los declararon culpables, por lo que declaran inadmisibles los recursos de ambas defensas.
En el juicio oral, según nuestros archivos, los jueces habían dicho que mediante los peritos contables Jorge Muñoz y Gustavo Zayas se pudo comprobar que la acusación sostenida por la Fiscalía en cuanto a los ingresos de García Balmaceda no justifican la cantidad de inmuebles y muebles a su nombre.
En total, la investigación señala que el comisario, en situación de retiro, no pudo justificar la suma de G. 3.274.130.989.
Además, García Balmaceda evadió impuestos por G. 78 millones, en concepto de impuesto al valor agregado (IVA). Este entre 1994 y el 2004 alcanzó la suma de G. 4.633.400.643, pero sus egresos fueron mayores.
En otra causa, García Balmaceda había sido condenado a 9 años de prisión por el negociado de la carne de la Policía Nacional. Ahí también se estableció una multa en su contra.