El comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, reveló en conferencia de prensa que los primeros resultados de la auditoría arrojan un faltante de G. 7.000 millones en la institución y que se iría ajustando durante la investigación.
Sin embargo, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, aclaró posteriormente que no se trata de un faltante sino de la adquisición irregular de combustible por el millonario monto, sin que se tenga una respaldo contractual de por medio.
“Esa auditoría arroja datos preliminares en el rubro combustible y revela una obligación económica por valor de G. 7.000 millones sin respaldo contractual. Hay un emblema que proveyó combustible sin que haya un contrato de por medio”, aclaró a la 780 AM.
De Vargas cree que todavía no se honró esa deuda, pero se generó esa obligación económica. Dijo que el ex director administrativo, Carlos Joel Jara, era el encargado de la adquisición de los combustibles para las patrulleras.
En base a su experiencia, mencionó que generalmente se adjudica la provisión por un año o seis meses y, cuando se termina el contrato, no se anticipa establecer uno nuevo. Entonces se pide continuar con la provisión de manera irregular, hasta que salga una nueva adjudicación.
“No sabemos si se trata de hecho punible o irregularidad administrativa. Al menos es una falta de planificación”, manifestó al tiempo de agregar que no se firmó ningún contrato con el monto de G. 7.000 millones.
También habló de la necesidad de hacer públicos estos datos, para que la ciudadanía tenga por seguro que la nueva cúpula policial tiene la determinación de hacer una auditoría seria y la voluntad de cambiar las cosas.
