El Consejo autorizó en una sesión extraordinaria a la Policía Nacional, como ejecutor de la erradicación de cultivos ilícitos, a utilizar este método, informó el Ministerio de Justicia, que preside esta instancia.
La aplicación manual del glifosato deberá estar acompañada de la presentación de los protocolos de salud ocupacional y otras medidas requeridas por las autoridades “que permitan reducir los posibles impactos negativos y garantizar la protección de las personas que trabajen en terreno, así como de las comunidades que vivan cerca al área asperjada”.
La fumigación terrestre comenzará a utilizarse luego de que se modifique el Plan de Manejo Ambiental y “se presenten los resultados de seguimiento” a pruebas piloto que se vienen desarrollando en el país, indicó el informe del despacho de Justicia.
“Una vez inicien las operaciones, el Puesto de Mando Unificado para la Erradicación de Cultivos Ilícitos revisará los resultados que arroje la revisión mensual a esta medida”, añadió la información.
El anuncio se produce en momentos en que, según las propias autoridades y organismos internacionales, han aumentado los cultivos de coca en algunas zonas del país.
Además, el Consejo Nacional de Estupefacientes realizará una evaluación semestral del método de aspersión terrestre que deberá atender “a los criterios de impactos en la salud, medioambiente, costo y eficiencia”.
La autoridad ambiental de Colombia ordenó en octubre pasado la suspensión del Plan Ambiental que permitía la aspersión aérea con glifosato con el que se combatían los cultivos ilícitos de coca.
Esa decisión se adoptó después de que este órgano ordenara en mayo del año pasado la suspensión del uso del glifosato en las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos ya que parte del herbicida era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua, lo que incluso fue motivo de un litigio con el vecino Ecuador.
La decisión cumplía con una orden de la Corte Constitucional de detener el uso del herbicida bajo el principio de precaución por posibles daños a la salud por ser potencialmente cancerígeno, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En marzo de 2008, Ecuador presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya por las fumigaciones aéreas que Colombia realizó entre 2000 y 2007 en su frontera sur y que, a juicio de Quito, afectaron a su territorio.
No obstante, en septiembre de 2013 ambos Gobiernos llegaron a un acuerdo que puso fin a esa demanda en el tribunal internacional y obligó a Colombia a crear una zona de exclusión en su lado de la frontera, donde no debían realizarse fumigaciones aéreas.
