Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo califican como “paro nacional” y se espera asistencia masiva en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
En todo el país, el Gobierno tiene preparado un gran dispositivo policial y militar para evitar que las movilizaciones acaben en disturbios.
Las medidas incluyen cierres –iniciados ayer y hasta las 5.00 de la tarde de mañana– de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, ya que con Panamá no hay cruces oficiales.
La unidad de migración de Colombia, que en las últimas semanas expulsó del país a 24 extranjeros, en su mayoría venezolanos, argumentó que esta medida y el cierre de fronteras tienen como objetivo evitar que agitadores procedentes del exterior alteren el orden público.
MOTIVOS. Según los convocantes, el Gobierno de Duque prepara un “paquetazo” de medidas que causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas.
En tanto, las organizaciones sociales reclaman al Gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se cobró la vida la vida de centenares de ellos desde que Duque llegó al poder, hace quince meses.
Se suman también los estudiantes de universidades públicas y privadas que reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado, después de más de dos meses de protestas.
OFICIALISMO. El Gobierno niega que remitió al Congreso reformas laborales y de la seguridad social que denuncian los sindicatos, y los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros se dedicaron a explicar la posición oficial.
Las manifestaciones se dan en un contexto de baja popularidad del presidente colombiano, cuya aprobación ronda el 26%. El Gobierno asegura que, pese a que los reclamos son un derecho constitucional, hay quienes buscan sacar rédito político.
