La Codehupy y Serpaj Paraguay emitieron un comunicado sobre las irregularidades cometidas en el proceso judicial de los hermanos Gregorio y Víctor Morales Martínez, acusados de ser el supuesto apoyo logístico para el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y que están privados de su libertad hace más de cuatro años.
“El proceso en su contra se sostiene en indicios y testimonios no corroborados, además de un contexto de abierta criminalización de líderes sociales en el Norte del país”, señalan. Sostienen estar preocupados por la política de persecución penal que desarrolla el Ministerio Público en relación con los crímenes atribuidos al EPP.
Mencionan que en el caso de los hermanos Morales se deja ver, una vez más, el mismo patrón de violaciones a garantías judiciales y debido proceso ya observado en otros procesos judiciales análogos, que se han dado en el mismo contexto de persecución penal asociado al combate de los grupos armados ilegales que operan en los departamentos del Norte del país.
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En este caso, citan que se observa que la acusación de la Fiscalía no está basada en pruebas procesalmente consistentes, sino solamente en indicios.
“El sustento probatorio con el cual se lleva adelante la acusación es absolutamente insuficiente, pues surge de un informe policial que narra determinados hechos recogidos a partir de testimonios anónimos que no están corroborados en juicio, siendo esta circunstancia una clara violación al derecho a la defensa”, expresaron las organizaciones.
El pronunciamiento también expresa que los familiares de los procesados sienten que “no existen garantías” para un proceso justo y acorde a lo que establece la ley y que la Justicia esté basada en pruebas y no en hipótesis sin comprobar.
Abuso de poder en pobladores
La Codehupy y Serpaj también denuncian que desde hace años pobladores de distritos y departamentos del Norte denuncian todo tipo de abuso de poder por parte de la Fiscalía y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“Empezando por el marco jurídico de actuación de la FTC ya hay problemas, teniendo en cuenta que el mismo es inconstitucional, debido a que el empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad interna no está autorizado por la Constitución Nacional”, sostienen.
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Agregan que existen dos acciones de inconstitucionalidad que fueron admitidas a trámite por la Corte Suprema de Justicia y que a la fecha están pendientes de decisión. Asimismo, en el Senado desde hace varios años existe un proyecto de derogación de la ley de defensa teniendo como fundamento, justamente, su inconstitucionalidad.
Asimismo, expresaron su preocupación ante “la notoria criminalización campesina que surge de procedimientos de la FTC y el MP, que presentan a los líderes sociales y sus organizaciones como aliadas del EPP, aunque no lo puedan probar ante los tribunales, cuyos jueces son presionados para condenar, basados en una narrativa estigmatizante del movimiento campesino, alimentada a su vez por una política de persecución penal, más preocupada por ofrecer resultados a la prensa y la opinión pública que a investigar objetivamente y con apego al debido proceso”.
