“Esta muerte se inscribe dentro de un atropello generalizado a las instituciones democráticas y una criminalización muy extendida de la protesta social, por eso la Codehupy está muy atenta al desenlace de estos procesos judiciales en curso”, manifestó el Secretario Ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla.
Quintana fue asesinado en la sede del Partido Liberal el 31 de marzo de 2017, tras las protestas ciudadanas contra la enmienda proreelección.
Ayala Amarilla explicó que la Codehupy observa con preocupación la inexistencia de una investigación exhaustiva que indague y establezca la responsabilidad no solo del presunto autor material, sino de todas las personas involucradas en el crimen. También inquieta a la institución que los jóvenes que fueron víctimas ahora estén siendo criminalizados en causas que jurídicamente “son muy poco consistentes”.