El ex presidente del Instituto Previsión Social (IPS) Hugo Royg; el ex gerente de Prestaciones Económicas y actual representante de jubilados, Pedro Halley, así como el senador Eduardo Nakayama, del Partido de la Libertad, coincidieron en que hay un grave problema de corrupción, un mal manejo financiero y un pésimo servicio en salud, que deben ser afrontados con cambios estructurales.
“Resulta que el IPS por una parte tiene muchas bondades, pero lamentablemente hoy es un nido de corrupción, pero no es hoy, el IPS ha sido históricamente uno de los principales focos por el dinero que maneja”, comentó en el programa Políticamente Yncorrecto, de Telefuturo.
Mencionó las licitaciones millonarias por bienes y servicios que no son prioritarios, mientras mueren pacientes por la mala atención en salud.
Cuestionó sobre todo el poder que tiene el Estado en el funcionamiento de la previsional, mientras que en otras experiencias tienen mayor protagonismo los asegurados.
“El Estado no solo es un pésimo administrador, es el peor administrador que existe, y nosotros le ponemos al Estado a administrar el IPS, siendo que es su mayor deudor, USD 650 millones le debe al IPS, pero él administra la plata. Si un patrón no paga el aporte patronal se va preso; si el Estado no paga, no hay ningún político que se vaya preso. Y eso se llama impunidad”, advirtió.
Aunque hoy mismo estaría de acuerdo con sacar al presidente Jorge Brítez, está abierto a escucharlo en la reunión convocada para este martes por la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Por su parte, el ex titular del ente Hugo Royg describe la previsional con la palabra “vulnerabilidad”, primeramente porque se acerca a los usuarios al momento de mayor vulnerabilidad, ya sea cuando están enfermos o son adultos mayores, pero también lanzó el dardo a sectores políticos y empresarios.
“El IPS también es vulnerable al saqueo sistemático de algunos actores, entendiéndose actores proveedores, actores políticos que muchas veces generan empresas para vender al IPS o entendiendo la vulnerabilidad como prácticas que ofenden a la razón como precios absurdamente elevados”, advirtió sobre la corrupción que reina en el sistema actual.
Comparó a la institución con Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) porque “existe, pero no cumple su función”. Criticó que muy poca gente está siendo atendida adecuadamente en su salud y que muchos jubilados no podrán acceder a sus beneficios en tiempo y forma.
Como solución plantea primeramente separar el IPS en tres instituciones: salud, jubilación y accidente de trabajo. Como segunda medida, menciona la necesidad de que expertos independientes conformen el Consejo Directivo.
El ex gerente de Prestaciones Económicas Pedro Halley considera que Brítez y “toda la rosca” deben abandonar la previsional, pero coincide en que la solución real es un cambio profundo de la gobernanza.
Aclaró que si bien está colapsado el sistema de salud, el fondo de jubilaciones tiene una mejoría importante. “La banca ya no sabe qué hacer con la plata del IPS, le paga tasas miserables, 8%, cuando debería pagarle 15%”, dijo al tiempo de señalar que el ingreso mensual de aporte obrero patronal asciende a USD 120 millones.
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Una necesaria “despartidización”
Halley pertenece a la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, que plantea mediante la iniciativa popular “IPS sin políticos”, un proyecto de ley que propone principalmente que el Consejo de Administración de la institución esté integrado mayoritariamente por representantes de los aportantes del sector privado, es decir, trabajadores, empleadores y jubilados, mientras que el Estado tendría un solo representante.
El proyecto se encuentra en la plataforma del Tribunal Superior de Justicia Electoral y necesita más de 50.000 firmas para avanzar en el Congreso.
“El fondo de jubilaciones está bien, no hay que preocuparse, salvo por la amenaza de la injerencia política que de repente pueda corromper el buen uso de dinero, ese es nuestro miedo, que esa reserva esté blindada realmente”, argumentó Pedro Halley.
En la misma línea, Royg mencionó casos exitosos como el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, que antes era “un botín de oro” y que ahora mejoró mediante una alianza público-privada.
“No es solamente un tema de los partidos políticos, es también un tema de los proveedores que son empresas privadas y ahí el sector debe tener el coraje de hablar muy claramente de que hay empresas que hacen el esfuerzo de aportar todos los meses, que hacen el esfuerzo de cubrir la carencia de salud de todos sus trabajos y hay otras empresas de la industria proveedora del IPS que están teniendo ganancias extras normales a través de prácticas no competitivas y que rondan lo deshonesto o lo no ético por lo menos”, lanzó.
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El IPS vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la muerte de Braulio Vázquez, luego de una larga espera para un procedimiento por la falta de angiógrafo. La Superintendencia de Salud abrió una auditoría para determinar la responsabilidad, mientras que la investigación paralela del diputado Mauricio Espínola reveló que el pedido de mantenimiento de la máquina requerida quedó estancada, mientras avanzaron otros llamados menos prioritarios.
Asimismo denunció millonarias adjudicaciones para servicio de lavandería y fumigación.
