Miembros del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) requirieron ayer a la Corte intervenir en la acción de inconstitucionalidad planteada por las binacionales en contra de la Ley 5189, que obliga a hacer pública la información sobre los salarios.
La presentación se hizo con base en la acción popular en defensa de intereses colectivos ante la Sala Constitucional de la Corte. Piden intervención en el juicio que plantearon Yacyretá (EBY) e Itaipú (IB) contra la citada ley.
Las binacionales alegaron que se rigen por un tratado y no por la ley, y por ello se niegan a publicar sus datos.
Entre otras cosas, solicitan que las acciones sean acumuladas y que se rechace la medida cautelar de suspensión de los efectos de la ley. Además, se dé intervención a los amigos del Tribunal (amicus curiae), y que sea el pleno de la Corte el que estudie las acciones. Finalmente, requieren que se rechacen ambas acciones.
ACCIÓN. “Venimos a tomar intervención en autos como terceros interesados, ejerciendo la acción popular contemplada en el artículo 38 de la Constitución”, dice el escrito presentado ante la Sala Constitucional.
Sostienen que se está ante un caso en el que está en juego “un derecho humano fundamental”, cual es el derecho de acceso a la información pública, reconocido como tal por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión avalada en el fallo de la Corte en el caso del ciudadano Daniel Vargas Télles.
Igualmente, señala que los apoderados de las binacionales “no pueden desconocer ni refutar que en ambas entidades hay interés público relevante por estar comprometidos bienes del dominio público del Estado paraguayo”.
Añaden que “la democracia como medio para la realización del individuo requiere de la información como insumo básico y central”.
Entre otras cosas, habla de la “primavera de transparencia” que permitió desde el año pasado, conocer información pública de los entes del Estado.
Firman Daniel Vargas Télles, Ezequiel Santagada, María Victoria Rivas, Marta Ferrara, Álvaro Caballero Carrizosa y José María Costa. El escrito está patrocinado por los abogados Fernández Bogado, Santagada y María Victoria Rivas.
La Corte debe estudiar si da o no intervención a los ciudadanos. Lo que se pide es que se rechace la acción, con base en el derecho de la información.
